Martín Aranda, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), dijo que aguarda la extinción del registro para este año y que se concreten las modificaciones a la ley anunciadas por el Minem.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, reiteró en RPP que no existe posibilidad de que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se extienda después del 31 de diciembre del 2025.
Al respecto, Martín Arana Cardo, especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), dijo que espera que se asegure, sobre todo desde el Congreso, este plazo final del Reinfo, a diferencia de ocasiones anteriores.
"Ya hemos pasado por situaciones similares anteriormente, donde supuestamente había una fecha donde finalizaban los procesos y finalmente en el Congreso se terminan aprobando leyes que van por la continuidad y es lo que hemos venido viviendo en los últimos años. Esperamos, pues, de que esta vez sí se cumpla tal como se ha anunciado y aquí la principal responsabilidad está en el Congreso de la República", manifestó.
A fin de que se garantice la correcta trazabilidad minera mediante el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), remarcó que se debe aclarar cómo se fiscalizarán el uso de insumos como el mercurio, pues "más del 90 % es de origen ilegal".
"¿Cómo es que los mineros que se inscriban, que cumplan, finalmente van a poder registrar o mantener su operación cuando el insumo principal que están utilizando es ilegal? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ser ajustado", mencionó.
También precisó que en las propuestas del Ejecutivo y del Congreso en el marco de la nueva Ley MAPE "no hay artículos o propuestas concretas específicas" relativas al riesgo que representa el uso de este elemento.
Sanciones para quienes incumplan leyes
Dijo también que se debe aclarar los tipos de sanciones que se aplicarán a mineros que incumplan la ley y sean detectados por el SIPMMA, el cual reunirá a un grupo de trabajo multisectorial con Sucamec, Sunat, la Dirección General de Formalización Minera y otras entidades.
"Cuál es la acción una vez que se ha detectado algún tipo de irregularidad, qué consecuencias puede tener. Puede ser una sanción administrativa o exclusión del proceso, o incluso puede derivar también y debería, en caso amerite, algún proceso penal", refirió.
Agregó que es necesario precisar quiénes serán los que se podrán acoger a la nueva ley, pues el universo de la minería en el país comprende actividades formales, otras en proceso de formalización, y operadores que son "claramente ilegales".
"Tenemos, por ejemplo, minería ilegal en el Putumayo, en el Nanay, en el Cenepa, en el Marañón. Todas estas operaciones que claramente son ilegales, ¿se van a acoger en este nuevo marco? Esa es una gran pregunta que hasta ahora no hay claridad en ninguna de las propuestas respecto al alcance", sostuvo.
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