El Indecopi multó con más de S/ 25 millones a tres empresas editoriales por haber acordado una repartición del mercado de impresión de textos para acceder a contrataciones con el Estado.
Las empresas sancionadas en primera instancia son Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A., Quad/Graphics Perú S.A. También estuvieron vinculadas la Empresa Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C, pero no fueron multadas.
Según una investigación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), entre octubre del 2009 y julio del 2016 las empresas mencionadas formaron carteles y acordaron repartirse el mercado en distintos ítems dentro de los procedimientos de contratación de servicios de impresión de textos escolares del Ministerio de Educación (Minedu).
La CLC indica que pudo recoger documentos, declaraciones, archivos, correos electrónicos e información económica de las reuniones que hacían las empresas previo a la fecha de presentación de propuestas para las contrataciones del Minedu.
"En estas reuniones, así como también en coordinaciones posteriores, se elegía a los ganadores mediante un reparto ilegal de los ítems ofertados en concursos públicos. Las empresas que no eran elegidas ganadoras no presentaban propuestas u ofrecían propuestas que, como había sido previamente acordado, estaban destinadas a perder para simular competencia", indica la CLC.
Esto afectó 87 ítems correspondientes a veinte procedimientos de selección del Minedu y uno del INEI, convocados entre los años 2009 y 2016.
Ante esto las empresas Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics fueron multadas con S/ 25 millones 500 mil. Mientras que ocho exfuncionarios de las mencionadas empresas fueron sancionados con un total de S/ 665 mil por su participación.
Además, todas las editoriales deberán implementar un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia por un periodo de 3 años.
Las empresas vinculadas implicadas en la repartición del mercado, Empresa Editora El Comercio y Amauta Impresiones, no recibieron multa pues fueron quienes se acogieron al Programa de Clemencia del Indecopi para colaborar y aportar pruebas de las infracción cometida.
Amauta y El Comercio revelaron que la mala práctica fue detectada en setiembre de 2017 e indicaron que no apelarán a la resolución y asumiran las consecuencias que correspondan incluso "la reparación económica a la entidad estatal afectada".
