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Gremios rechazan decisión de derogar el Decreto Legislativo 1607 que buscaba frenar la expansión de minería ilegal. Sin embargo, Minem respaldó dicha decisión mediante comunicado.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Victor Gobitz, en conversación con RPP, expresó su rechazo ante la decisión del Congreso al aprobar el proyecto de ley 7278, el cual deroga el decreto legislativo 1607, que establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización minera.
Asimismo, junto a la SNMPE, otros gremios como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales emitieron un pronunciamiento en rechazo a esta decisión del Legislativo.
"Estamos muy preocupados porque es una decisión que consideramos errrónea, nefasta y que se ha olvidado de que detrás de esta actividad hay criminales. Esperamos que el Parlamento reflexione, que considere que se ha cometido un error y que corrija. Pero si no se logra, esperaríamos que el Ejecutivo observe esta norma y de esa manera hacer más visible las razones que están motivando una edición tan equivocada", enfatizó Gobitz.
Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un comunicado vía X donde reafirmó el respeto a las decisiones del Congreso e informó que seguirá trabajando en el cumplimiento de estas. Ante ello, el también CEO de la minera Antamina, admitió "que no logra entender qué quiso decir decir el Ministerio" con dichas frases y que solicitarán en los próximos días una reunión con el premier Gustavo Adrianzén.
"Lo que corresponde en este caso es pedirle una cita al presidente el Consejo de Ministros, al doctor Adrianzén para expresarle formalmente nuestra posición y esperar que coincida con nosotros", adelantó.
¿Qué consecuencias tendría esta decisión?
Según los gremios, al eliminarse esta disposición, se prolonga el incentivo para realizar invasiones de terrenos que están concesionados a terceros por el Estado peruano, creando un clima de inestabilidad jurídica que desincentiva las inversiones. Esto debido a que se elimina el plazo perentorio de 90 días que se dio para que los informales presenten los acuerdos suscritos con las concesiones mineras que han invadido.
Además, alertaron que el gran problema es que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), como está estructurado, sirve para encubrir la libre operación de los mineros ilegales, usando explosivos y armas de guerra, violando los derechos humanos, devastando los ecosistemas y robándole importantes recursos económicos al país.
"La minería ilegal es una actividad de una dimensión económica no menor, que mueve más de 2 mil millones de dólares al año", acotó Victor Gobitz.
Finalmente, los gremios exhortaron al Congreso y el Poder Ejecutivo a que se unan a la lucha contra la criminalidad que viene afectando a todos los peruanos, dictando y ejecutando medidas que permitan acabar con la impunidad con la que actúan las actividades criminales, entre ellas la minería ilegal.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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