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Defensoría y asociaciones de prensa peruana cuestionan allanamiento y descerraje de inmueble de emisora radial

Sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad se pronunciaron sobre el allanamiento y descerraje de la caseta de Radio Tigre S.A.C., ubicada en el Morro Solar.

La Dirección de Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), logró que el Poder Judicial autorizara el descerraje y allanamiento de una caseta de transmisión el Morro Solar debido a que se verificó que, desde allí, Radio Tigre S.A.C. utilizaba la frecuencia 91.9 Mhz de la frecuencia modulada para difundir una señal de radiodifusión sonora sin contar con autorización. La Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto de Prensa y Sociedad se manifestaron al respecto.

"Medida sumamente gravosa"

La Defensoría del Pueblo afirmó que la medida de allanamiento y descerraje cuenta con sustento legal en los artículos 84 y 86 de la Ley 28728, Ley de Radio y Televisión. No obstante, aclaró, la Constitución exige que toda actuación estatal que pueda afectar derechos fundamentales se lleve a cabo respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

A criterio del organismo, en el procedimiento seguido por el MTC debió tomarse en consideración que no se trata de un medio de comunicación clandestino, sino de uno que habría estado operando de forma regular en nuestro país desde 1983 y que actualmente viene cuestionando la denegatoria de la renovación de su licencia en el Poder Judicial.

"El cierre del medio de comunicación y la incautación de sus bienes representa una medida sumamente gravosa a la libertad de expresión; más aún si la denegatoria de la licencia podría ser revertida por el Poder Judicial. Es necesario tener en cuenta que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, las libertades informativas tienen una condición preferente en atención al rol que desempeñan en favor de la democracia y el control del poder", afirmó en un pronunciamiento.

La Defensoría consideró que sumado a ello, para determinar la regularidad de la intervención, también resulta necesario evaluar la oportunidad de la intervención. En esa línea, aseguró que es relevante indagar acerca de la existencia de casos similares a los de Radio Tigre S. A. C. y cuál ha sido el proceder de las autoridades estatales frente a ellos.

Asimismo, en el marco de las competencias de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de los deberes de la administración estatal, la Defensoría del Pueblo informó que solicitará al MTC los actuados en el procedimiento seguido contra la empresa Radio Tigre S. A. C., a efectos de evaluar si se produjeron excesos en la intervención contra dicho medio de comunicación.

Cuestionó la oportunidad y el momento

El Consejo de la Prensa Peruana pidió a la fiscalía y al MTC;, explicaciones públicadas detallas acerca del allanamiento y descerraje del local donde se ubica la caseta de Radio Tigre S.A.C. en el Morro Solar, Chorrillos.

A través de un comunicado, la organización destacó que "es y será siempre defensora de la formalidad en la industria de las comunicaciones. En tal sentido, reconoce que al allanar y descerrar una radio que carece de autorización o licencia de funcionamiento del MTC se está cumpliendo un procedimiento que se ajusta a la Ley de Radio y Televisión. Tal es el caso, afirmó, de Radio Tigre, representada por Ricardo Martín Belmont Vallarino que no tiene licencia para operar.

Sin embargo, el Consejo de la Prensa Peruana cuestionó la oportunidad y el momento en el cual la fiscalía ha llevado a cabo este proceso.

"La radio en cuestión no tenía licencia desde hace varios años. Por ende, queda la duda de por qué no se tomaron acciones cuando correspondía –la fecha cuando venció la licencia– y, más bien, se opta por cerrar una radio de línea opositora en estos momentos", indicó.

El Consejo de la Prensa Peruana insistió que la fiscalía y el MTC deben explicar tanto "el retardo como la oportunidad" para llevar a cabo las acciones tomadas.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) tomó con mucha preocupación que el MTC haya solicitado al Poder Judicial, sin previa notificación ni conocimiento a Radio Tigre S.A.C., una medida de descerraje y allanamiento de los activos de la referida empresa radiodifusora suspendiendo sus operaciones.

"Sorprende el contexto en el que se ha llevado a cabo el inmediato cierre y suspensión de emisión de la referida emisora radial, teniendo ésta una línea editorial abiertamente opositora al actual Gobierno. La coyuntura y actual situación exigen tener instituciones firmes en sus roles de regulación pero respetuosas de los derechos constitucionales, incluyendo el de la libertad de expresión y el respeto al debido proceso", señalaron.

"Selectivamente contra un medio opositor"

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el "procedimiento súbito" y la "tardía explicación" del MTC para retirar del aire las emisiones de Radio Tigre SAC, silenciando por consecuencia al medio de comunicación que empleaba su señal.

Consideró que aunque el motivo alegado por el MTC es el vencimiento de la licencia de Radio Tigre, debió apercibir públicamente a la radio local (que no es parte del litigio), anunciando las medidas que estaba por solicitar a un juzgado. Las cuales ocasionaban nada menos que la clausura de este medio.

"Este es un requerimiento mínimo en un Estado democrático respetuoso de la libertad de expresión.", afirmó.

IPYS aclaró que Radio Tigre habría estado en falta hace dos años y según el MTC recibió notificaciones. Agregó que hasta el momento esta compañía no ha respondido públicamente al ministerio.

"En la región de Lima hay centenares de radios sin licencia que no han sido objeto de allanamientos. Aunque el MTC debe, efectivamente, combatir la informalidad, está haciéndolo selectivamente contra un medio opositor y en una coyuntura en la que transmitía contenidos críticos relevantes", aseguró.

Además, IPYS advirtió que, al margen de los motivos administrativos, la "decisión también fue tomada por causas políticas".

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