“SuSalud debe rendir cuentas”: Defensoría se pronuncia sobre cobros de pruebas de clínicas privadas

La Defensoría señaló que la Superintendencia Nacional de Salud tiene que revisar y transparentar los cobros que han realizado las clínicas privadas para solo tomar pruebas moleculares de descarte por coronavirus

Lima
Más de 19 000 pruebas de descarte fueron realizadas por las clínicas privadas.
00:00
Clínicas privadas han realizado más de 19 000 pruebas moleculares, sin embargo, han cobrado una suma de dinero por ello.
Clínicas privadas han realizado más de 19 000 pruebas moleculares, sin embargo, han cobrado una suma de dinero por ello. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el informe que realizó la Contraloría acerca del cobro de clínicas privadas a cambio de realizar descartes de pruebas moleculares por coronavirus. Alicia Abanto, adjunta para los derechos de servicios públicos, pidió que la Superintendencia Nacional de Salud sea quien de explicaciones al respecto. 

"Nos llamó la atención que la Contraloría pidió información a SuSalud, que es la encargada de supervisar a las clínicas, pero no respondió ni colaboró con la investigación. Ante esta situación, pedimos que SuSalud de explicaciónes y rinda cuentas del rol y la supervisión de las clínicas privadas", expresó Abanto. 

Según un informe de Contraloría publicado por dominical Panorama, varias clínicas cobraron entre 400 y 500 soles por la prueba de descarte de la COVID-19, pese a que los diagnósticos de las muestras fueron realizados de manera gratuita por el Instituto Nacional de Salud. Alrededor de 19 746 pruebas fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud, que realizó gratis el descarte. 

Al respecto, Abanto apuntó que esto "podría verse como un cobro indebido" y que "se tiene que determinar si ha habido un beneficio indebido". "Si multiplicamos el número de pruebas por el costo que ha tenido cada una, estamos hablando de entre 6 a 7 millones de soles", indicó. 

De acuerdo con el medio periodístico, solo nueve de las 18 clínicas a quienes solicitaron información remitieron a la Contraloría sus costos entre los que figuraba equipos de protección para los asistentes. 

"El deber de las empresas es respetar el derecho de las personas y en el caso del servicio público de salud, en un contexto de pandemia, las clínicas privadas tienen que desarrollar prácticas de diligencia y demostrar transparencia", agregó Abanto.