Defensoría pide la revisión de facturaciones de electricidad en Lima Norte ante denuncias de cobros excesivos

La Defensoría del Pueblo pidió a la empresa Enel revisar los procedimientos de facturación aplicados en marzo, abril, mayo y junio y, de ser el caso, refacturar consignando los consumos efectivamente realizados y brindar facilidades para fraccionar los montos a pagar.

El requerimiento ocurre en medio de las constantes denuncias de la ciudadanía debido a los presuntos cobros excesivos en las facturaciones de energía eléctrica en estos cuatro meses de pandemia por el nuevo coronavirus.

El organismo público informó que en semanas recientes ha atendido las denuncias de los ciudadanos de los distritos de Lima Norte, cuyas facturaciones superan sus consumos mensuales históricos en más del 100%, llegando en algunos casos a representar el 400% de incremento respecto del consumo promedio de electricidad.

"Existen quejas de usuarios con locales comerciales que han permanecido cerrados durante la emergencia, a los cuáles se ha aplicado una facturación promedio que resulta excesiva por no corresponder al consumo real", señaló la entidad.

"Se advierte una inadecuada aplicación de la facturación por promedio, dado que no guarda concordancia con los consumos históricos de los usuarios, lo cual viene generando malestar y preocupación más aún teniendo en cuenta que, debido al estado de emergencia, muchas personas se han quedado sin ingresos económicos", manifestó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano.

El organismo público indicó que ha podido verificar la poca accesibilidad en los canales para presentar reclamos, como el servicio Fono Cliente 517-1717, que se encuentra constantemente ocupado. En esta línea, la oficina defensorial señala que, si bien existen canales virtuales para el refinanciamiento y pago de recibos, así como para la presentación de reclamos, no toda la población cuenta con acceso a internet domiciliario o desde equipos móviles, por lo que la empresa debe adoptar las medidas necesarias para implementar otros canales más accesibles y seguros para garantizar los derechos de los usuarios y evitar la propagación de la COVID-19.