Familia que luchó por años contra invasores reclama sus derechos

El propietario del Fundo Sanganilla en Junín Rolando Salvatierra reiteró su denuncia contra el Estado por iniciar procesos de expropiación de terrenos que le hará perder las hectáreas por las que ha luchado durante más de dos décadas en el Poder Judicial tras la invasión a su propiedad.

En Ampliación de Noticias, explicó que en 1952 su padre obtuvo el terreno y lo colonizó. Según explicó, una década después compró el terreno. "Y eso quiero que quede claro porque dicen que a nosotros nos lo ha regalado (el Estado). A la familia Salvatierra no le han regalado nada", remarcó. Precisó que se pagó 200 mil dólares por el terreno en la época.

Sin embargo, señaló tras el gobierno militar perdieron el terreno hasta que en 1981, informó que el Supremo Tribunal Agrario declaró el derecho preferencial a la familia y se adjudicó el título de propiedad, lo que dijo complicó la situación.

Salvatierra afirmó que se señalaba que el terreno era para uso agrícola y así fue hasta que en 1989, con el fenómeno terrorista comenzaron las invasiones y el tráfico de terrenos. "Gente inescrupulosa invadió el terreno. Se invadió 180 hectáreas y se inició un procedimiento de resolución de contrato aduciendo que yo había permitido esas invasiones. Después de cuatro años de proceso administrativo, ganamos", indicó.

"Todo estaba perfecto hasta el año 1998 que invaden todo, y lo destruyen, lo saquean, queman las plantas, queman todo", indicó. Añadió que el Gobierno de Alberto Fujimori sacó una resolución suprema para resolver su contrato y nuevamente se inició un proceso judicial.

"Me fui al Poder Judicial, y estoy trayendo la copia certificada porque he escuchado que la ministra (Vílchez) dice que esa sentencia no tiene ningún valor porque el Estado no se ha defendido. Esta sentencia la han visto 10 vocales. Durante 9 años hemos luchado, hemos ganado. Pero en el 2007, los políticos entraron, primero la señora Vílchez en su calidad de congresista, el presidente de región, a decir que me iban a resolver nuevamente el contrato", expresó.

Al respecto, la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, aseveró que se intermediará para que Cofopri, entidad encargada de la titulación, pueda conciliar en este caso y se negocie con Salvatierra pagando un justiprecio por la expropiación.

La titular de Vivienda insistió en que el Gobierno tiene como objetivo lograr la titulación al ser un clamor de la gente invasora que carece de servicios básicos en los terrenos que han usurpado.
 
No obstante, la ministra ofreció reunirse con la familia Salvatierra en su despacho, así como con funcionarios de Cofopri y los invasores para llegar a un acuerdo. En tal sentido, Salvatierra dijo esperar que no sea solo una propuesta mediática, pues recordó las citas que ha pedido al sector en más de una ocasión sin recibir respuesta.

Foto: Archivo Andina, empadronamiento de Cofopri