La historia de la matanza en desaparecido penal El Frontón

Funcionó en la década de los ochenta como centro de reclusión de peligrosos criminales y terroristas, pero fue cerrado tras llevarse ahí un motín con intervención de la Marina de Guerra, que dejó al menos 118 internos muertos.

El desaparecido penal El Frontón estuvo ubicado en las costas del Callao y funcionó en la década de los ochenta como centro de reclusión de peligrosos criminales y terroristas, pero fue cerrado tras llevarse ahí un motín con intervención de la Marina de Guerra, que dejó al menos 118 internos muertos.

La madrugada del 18 de junio de 1986, los reclusos iniciaron un motín en el Pabellón Azul de El Frontón, en simultáneo ocurría lo mismo en los penales de San Juan de Lurigancho y el de Mujeres Santa Bárbara.

Los hechos sucedieron cuando se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, con presencia del entonces jefe de Estado Alan García Pérez y a la que asistían además, más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos veintidós presidentes, representantes de setenta partidos políticos, y cerca de quinientos periodistas extranjeros.

La Iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado “Masacre de los penales de Lima” relata:

"En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa".

Según afirma la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR):

"En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal".

Al fracasar la comisión negociadora enviada a apaciguar el motín en El Frontón, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 006-86-JUS, por medio del cual se declararon a los establecimientos penales como "zonas militares restringidas", con lo cual se impidió el ingreso de autoridades civiles, es decir, jueces y fiscales, a dichos establecimientos.

Por la tarde del 18 de junio, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal, según dijo, por orden del propio Alan García, y ordenó la suspensión del diálogo con los internos.

Miembros de la Marina de Guerra bajo el mando del capitán de navío AP Luis Giampietri Rojas y del capitán de navío AP Juan Carlos Vega Llona tuvieron a su cargo el operativo para "restablecer la autoridad" en El Frontón.

Las acciones militares se iniciaron a las 3:00 horas del día 19 de junio y emplearon basucas, morteros, dinamitas y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado Pabellón Azul.

Según el testimonio ante la CVR, por dos efectivos de la Marina que participaron en el operativo, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

El caso fue remitido a la Justicia Militar, que en julio de 1989 ratificó que no había responsabilidad en los militares.

El 16 de agosto del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, señalando que era su obligación esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Precisamente esos dos fallecidos en la masacre, fueron absueltos por cargos del delito de terrorismo que se les había imputado.

En diciembre de 2004, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos formuló una denuncia penal, en la que solo comprendió a un pequeño grupo de marinos y archivó la inclusión del ex presidente Alan García, del entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y de miembros del Gabinete del gobierno aprista.

En enero del 2005, dieciocho años después de la matanza, el Juez Omar Pimentel Calle, titular del Segundo Juzgado Supraprovincial, abrió proceso penal contra 11 efectivos de la Marina de Guerra, por el delito de asesinato por explosión; en agravio de más de cien personas que en junio de 1986 se encontraban internos en el Pabellón Azul del Centro Penitenciario de El Frontón.

El proceso sigue abierto y ex ministros y dirigentes apristas, siguen dando su testimonio por la matanza en el destruido centro de reclusión.