En la Cachemira india existen miles de tumbas sin nombre tras más de dos décadas de un brutal conflicto civil, una situación que el Gobierno rechaza investigar a pesar de las peticiones de organismos de derechos humanos.

En 1989 estalló una rebelión en Cachemira contra el Gobierno de Nueva Delhi que ha causado 68.000 muertos y ha convertido esta zona disputada por Pakistán en una de las más militarizadas del mundo y con madres en busca de sus hijos desaparecidos.

"El 18 de agosto de 1990 tres militares se llevaron a mi hijo. Tenía 16 años y dificultades para hablar. Tiene el mismo nombre que un conocido insurgente y lo confundieron. Nunca más he vuelto a saber de él", dijo a Efe Parveena Ahangar, fundadora y directora de la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas, que aglutina a unos 300 familiares de desaparecidos.

Ahangar recorrió hospitales, cárceles de Cachemira y otras ciudades indias como Delhi y Jaipur y ha presentado su caso en los tribunales sin obtener ningún resultado 24 años después, a pesar de lo cual sigue luchando.

"El Ejército me ofreció un millón de rupias (unos 13.300 euros) y un trabajo a cambio de que dejase de buscar. Pero yo no vendo a mi hijo. Pelearé hasta que me muera", afirma esta mujer enjuta de 50 años y madre de tres hijos más.

El día 10 de cada mes organiza junto con su organización una protesta en un céntrico parque de Srinagar a la que acuden madres, hermanas, tíos, sobrinos, a la manera de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina.

El último domingo, Ahangar protestaba con una veintena de mujeres por la detención de varios adolescentes y líderes independentistas por la celebración de las elecciones.

Las activistas, sentadas a la intemperie en una céntrica calle en la dura mañana invernal, lanzaban cánticos mientras un grupo de militares las observaban de cerca.

"Las guerras sucias consiguen llevar a las madres a las plazas de las ciudades", escribió el periodista cachemir Basharat Peer en su libro sobre el conflicto "Curfewed Night".

El Gobierno ha dado diferentes cifras oficiales de desaparecidos, alrededor de unos 4.000, pero Khurram Parvez, miembro de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (CSCJK), dobla el número.

Su organización cree que hay unos 8.000 desaparecidos en el conflicto, una conclusión a la que llegaron tras estudiar la situación en cinco de los distritos cachemires y extrapolar los resultados a todo el territorio.

"Según nuestras investigaciones, el 40 % de los desaparecidos fueron detenidos directamente por el Ejército, un 30 % salió de casa y nunca regresó, un 25 % se unió a la insurgencia y un 5 % fueron apresados por los insurgentes", dijo a Efe Parvez, quien también preside la Federación Asiática Contra las Desapariciones Involuntarias con sede en Filipinas.

Mientras cientos de madres buscaban a sus hijos, la CSCJK hizo un descubrimiento macabro en 2005: en la región existían tumbas sin marcar con personas sin identificar.

Soldados y policías llegaban a los pueblos y ordenaban a sus habitantes enterrar a los muertos con agujeros de bala que les llevaban, en muchos casos totalmente desfigurados, de acuerdo con los testimonios recogidos por la CSCJK.

Tras años de denuncias y campañas, en 2011 por primera vez un este estatal, la Comisión de Derechos Humanos regional de Cachemira (SHRC) reconoció la existencia de tumbas con desaparecidos, y tras investiga concluyó que había 2.156 cadáveres sin identificar enterrados en 38 fosas en tres distritos.

Incluso, en su informe de 17 páginas estimó que otras 574 personas que se hallaban en las fosas comunes eran residentes locales que habían desaparecido, lo que contradecía la versión oficial del Gobierno de que se trataba de "insurgentes sin identificar".

La Comisión de Derechos Humanos aconsejó al Gobierno regional exhumar los cadáveres, realizar análisis de ADN y comparar las muestras con las de los familiares cachemires que hacen campaña para localizar a sus desaparecidos.

El Gobierno rechazó un año más tarde llevar a cabo "este ejercicio académico", insistió en que todos los cuerpos de las tumbas pertenecían a insurgentes y afirmó que si alguna familia quería realizar análisis de ADN debería identificar el cementerio y la tumba exacta donde pensaban que su familiar estaba enterrado.

Los activistas aseguran que no se ha llevado a cabo ni un solo análisis de ADN y elevan a 7.000 el número de personas enterradas en tumbas sin marcar tras investigar en cinco distritos.

"Existe una negación institucional de la justicia. Hemos presentado unas 800 denuncias en los tribunales por los desaparecidos y no hemos logrado nada ni en un solo caso", afirmó Parvez.

"Lo que me hace pensar que las desapariciones fueron una decisión institucional", sentenció Parvez.

EFE