Martos en el Congreso, Perú en la incertidumbre [COLUMNA]

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Es difícil dudar que al Perú le conviene que el gabinete presidido por Walter Martos obtenga hoy la confianza del Congreso. No se trata de defender una línea política ni al gobierno contra sus opositores. Y menos de hacer cálculos en la perspectiva de las elecciones de abril. Lo que está en juego es la urgencia de movilizar todas las energías del Estado para controlar los efectos mortales del coronavirus, es decir salvar vidas humanas amenazadas por la pandemia pero también por la pobreza y el hambre.

Martos ha anunciado que su exposición de política general estará centrada en el tema sanitario. Se espera por eso que disipe las dudas en torno al número de muertos y que defina una estrategia clara para hacer pruebas, para rastrear a los sospechosos y aislar a los infectados. También debe poner término a las especulaciones sobre un eventual retorno a medidas de confinamiento general, en particular los domingos y durante las noches. El voto de confianza tendrá lugar mientras se activan algunos conflictos sociales que habían sido anticipados por la Defensoría del Pueblo.

Pero también hay notorios intereses y tambores de guerra en algunas bancadas, en particular la de PODEMOS. El congresista José Luna Morales ha reaccionado con irritación ante las denuncias hechas por no cumplir con el pago a la ONP a cuenta de trabajadores de empresas de las que es propietario. Sin embargo, la Comisión de Ética no ha considerado necesario abrirle investigación. Y Luna Morales advierte que la ministra Alva podría ser censurada si no satisface las demandas de “mis hermanos de la ONP”. Su compañera de bancada, Cecilia García, ha advertido que se proponen “ganar y revolcar a María Antonieta Alva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en caso de que el ministerio de Economía intreponga un recurso contra la ley que permitiría retirar los fondos de la ONP, que el artículo 12 de la constitucion considera “intangibles. La congresista García sigue en la lógica populista de la campaña “Chapa tu choro” que ella lanzó en Huancayo el 2015 y que le ha dado tantos réditos politicos. En nombre de sus hermanos, García ha caracterizado como “terroristas” y organizaciones criminales a los bancos, incluido el Banco Central de Reserva.

Mientras tanto, la Fiscalía ha debido intervenir en Huánuco para investigar el grave retardo para invertir el presupuesto asignado a la lucha contra el covid. Se reprocha también al gobernador regional haber inaugurado una planta de oxígeno en Tingo María, que ya existía en el hospital regional. El caso de Huánuco es un ejemplo flagrante de las tareas que debe asumir el gobierno nacional cuando una dirección regional de Salud se muestra incapaz de cumplir sus deberes más esenciales.

Si algo queda claro es que necesitamos un gobierno legitimado por la confianza del parlamento y en plena capacidad de ejecución. La actual fase aguda de la pandemia y la brusca caída económica no nos permiten perder más tiempo. Tampoco podemos tardar en el discernimiento de iniciativas que corren el riesgo de ser aprobadas en medio de la distracción general. Tal parece el caso de la demanda de la municipalidad de Lurín, que solicita a Lima su cambio de zonificación. Si la propuesta es aprobada las zonas próximas al santuario de Pachacamac, así como a los humedales de Quilcay pasarían a sufrir las consecuencias de la especulación urbana. Necesitamos oir la opinión de especialistas independientes y también la del Ministerio del Ambiente. Algunos se indignan contra el Acuerdo de Escazú y el proyecto de puerto en Paracas, pero callan sobre lo que se trama en las inmediaciones del más importante santuario precolombino de la costa peruana.

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