Minjus no firma contrato de concesión para construcción de un penal

El presidente de la Asociación de Empresas dedicadas a la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé, informó que en marzo del 2011 se adjudicó la concesión de un penal para reos primarios en Aucallama (Huaral) a una empresa española, pero hasta el momento el Ministerio de Justicia (Minjus) no firma el contrato.

“El concurso fue realizado por Proinversión para la concesión de un penal de reos primarios, 1.536 reclusos en Aucallama (Huaral), que incluye el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento y las operaciones de seguridad, control de la alimentación y resocialización de los reclusos para al cabo de 25 años sea transferido a propiedad estatal”, detalló.

Sin embargo, cuestionó que el proceso incluía que en lo ssiguientes meses se realizaría la firma del contrato y el posterior cierre financiero para iniciar la construcción, ya que tod quedó pendiente para que la rúbrica la realice el nuevo Gobierno, que lamentablemente decidió no firmar el contrato.

Prialé desconoce los motivos porque no se han dado las explicaciones oficialmente, pero, dijo, que entienden que hubo una opinión de la Defensoría del Pueblo objetando que la seguridad interna estuviera a cargo del sector privado.

Por tal motivo, aseguró que hay experiencias de varios países donde el sector privado ha ingresado al sistema penitenciario, por lo que no se trataría de una experiencia única. “Aquí haremos un piloto, una cárcel concesionada al sector privado y vamos a ver si se puede manejar las cárceles mejor que lo que hace el INPE”, indicó.

Además, puso como ejemplo que hasta el año 2007 en EE.UU. había 158 prisiones con 116 mil reclusos a cargo del sector privado. En Sudafrica, dos penitenciarias; en Chile, seis con 10 mil 86 reclusos; en Inglaterra, 11 penitenciarias con 8 mil 600 reclusos.

Mientras que en América Latina, en Brasil también se han puesto en marcha concesiones en penales y en el caso chileno hasta el año 2007 habían seis penitenciarias.

Indicó que conoce que hubo un pedido para que se deje sin efecto dicha concesión, es decir sin firma el contrato, lo que, a su parecer, va contra el compromiso del Estado peruano y daría pie a que el judicatario acuda a hacer un reclamo y pida un indemnización.

Finalmente, señaló que la empresa española que ganó la adjudicación no es afiliada a AFIN. “No estamos defendiendo a un asociado, este es un tema de respeto a las pautas establecidas por el propio Estado para hacer estos concursos que deben respetarse”, puntualizó.