Venezuela denuncia ante CIDH plan para provocar intervención de OTAN

La CIDH analizó denuncias sobre las protestas que vive Venezuela, cuyo Gobierno aseguró ante el organismo que la oposición busca generar una "intervención de la OTAN", en una jornada en la que la comisión también examinó la situación en Ecuador con la ausencia de representantes del Estado.

Cuatro audiencias sobre Venezuela, que desde hace más de un mes vive protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, cerraron la porción pública del 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la primera de ellas, centrada en la situación general de derechos humanos en Venezuela, el representante del Gobierno venezolano para la materia, Germán Saltrón, mostró su intención de exponer "la verdad sobre los hechos de violencia promovidos por la oposición venezolana".

"El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de militares de la OTAN, y de esta forma terminar con la revolución bolivariana y entregar los mayores recursos petroleros del mundo a Estados Unidos", afirmó Saltrón.

El funcionario no profundizó en esa afirmación sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero insistió en que las declaraciones de funcionarios estadounidenses son "claramente favorables a la intervención militar para apoderarse de los hidrocarburos" de Venezuela.

Saltrón definió a la oposición venezolana como "catastrófica, que se alimenta de la banalidad e inclinada a transitar vías antidemocráticas".

"Las llamadas manifestaciones no son pacíficas, sólo un 20 % de los manifestantes son estudiantes, y tampoco representan la mayoría del país, sino una muestra parcial de los habitantes de 17 de los 335 municipios de Venezuela", sentenció.

Desde el lado de las organizaciones civiles, el abogado Carlos Ayala defendió en cambio que "el 98 % de las manifestaciones y protestas en Venezuela son pacíficas"; mientras que Liliana Ortega, representante de COFAVIC, denunció que las protestas "tienen que ver con una situación estructural de impunidad y de violencia que se ha desarrollado en los últimos años en Venezuela".

La libertad de expresión en Venezuela centró otra audiencia, en la que cinco organizaciones de prensa denunciaron un "vacío informativo" en el país y afirmaron que en las protestas ha habido agresiones a 116 periodistas, arrestos de otros 23 y robos a 28.

La Relatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, preguntó al Estado "por que se sacó del aire (al canal colombiano) NTN24 y por qué se ordenó una investigación contra CNN en español", y "si es cierto que el Gobierno de Venezuela bloquea o filtra páginas web", como la red social Twitter.

"Una persona que está en Venezuela y prende la televisión, ¿sabe lo que esta pasando en las marchas?", se preguntó Botero, a lo que el público presente en la audiencia contestó con un "no".

El representante del Estado en la audiencia, el abogado Luis Britto, blandió una montaña de periódicos y dijo que en ellos "no hay la menor inhibición; tratan palmariamente al Gobierno de dictadura, dicen que hay una guerra civil en Venezuela", por lo que no se puede "reclamar que no hay libertad de expresión".

En una tercera audiencia, organizaciones civiles denunciaron que el líder opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde, se encuentra en "aislamiento total" y uno de los siete miembros de la CIDH, Felipe González, pidió más información al respecto, pero Saltrón no se refirió a ese caso.

Por último, sindicatos y colectivos venezolanos denunciaron en otra audiencia la "criminalización" de las protestas laborales en Venezuela y la apertura de procesos judiciales contra sindicalistas, mientras que Saltrón comparó a los sindicatos con una "mafia".

La CIDH también examinó denuncias sobre la supuesta "desprotección" de los indígenas ante la ejecución de megaproyectos en Brasil y mantuvo dos audiencias sobre Ecuador, a las que el Gobierno de Rafael Correa se negó a enviar un representante para evitar un "show político", en palabras del canciller Ricardo Patiño.

"Lamentamos profundamente que no tengamos al honorable Estado de Ecuador con nosotros hoy", dijo la comisionada encargada de Ecuador, Rose-Marie Antoine, en la primera audiencia sobre ese país.

En ella, la organización Fundamedios denunció que la aplicación "arbitraria" de la Ley de Comunicación ha supuesto un "deterioro acelerado" de la libertad de expresión en el país, mientras que en una segunda audiencia, activistas alertaron del impacto que ha tenido en el derecho de asociación la clausura de la Fundación Pachamama.

EFE