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El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aseguró hoy que su Gobierno apoyará la lucha contra el crimen organizado, pero aclaró que ningún agente de seguridad estadounidense llevará a cabo operativos en territorio mexicano.

"Continuaremos trabajando conjuntamente contra esta amenaza a nuestras comunidades en un espíritu de respeto mutuo. Ningún oficial de las agencias de la ley de los Estados Unidos llevará a cabo operativos en México", explicó el diplomático en una visita al consulado estadounidense en Ciudad Juárez.

El diplomático visitó esta representación diplomática en esta ciudad fronteriza acompañado de la canciller mexicana, Patricia Espinosa, para expresar su solidaridad al personal del consulado por el asesinato el pasado fin de semana de dos estadounidenses y un mexicano esposo de una colaboradora de la delegación

Pascual expresó su indignación por la pérdida de estas personas víctimas del crimen organizado y reiteró la decisión de su Gobierno de mantener el apoyo total a las autoridades mexicanas para esclarecer estos asesinatos.

Agregó que oficiales de múltiples agencias de la ley de Estados Unidos, federales y locales, "están concertando el apoyo a las investigaciones a través de una coordinación de agencias en el lado estadounidense de la frontera".

Afirmó que en México, las agencias estadounidenses apoyan a las autoridades mexicanas, "quienes tienen la jurisdicción en la investigación".

Explicó que esta cooperación se mantiene especialmente "en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, en las que los fuertes lazos de historia, cultura e intereses mutuos unen estrechamente a los pueblos mexicano y estadounidense".

Afirmó que las autoridades de ambas naciones continuarán trabajando para "reconstruir las comunidades desmoralizadas" para enfrentar las amenazas comunes.

El sábado pasado fueron asesinados en dos acciones una funcionaria del consulado y su marido cuando viajaban en su vehículo, y el esposo de otra trabajadora de la oficina estadounidense en Ciudad Juárez.

Este crimen generó una condena generalizada y fue rechazado por los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Felipe Calderón, de México, quien se comprometió a encontrar a los culpables. EFE.