Bolivia anuncia Ley para castigar el contrabando como narcotráfico

El Gobierno de Evo Morales aprobará una Ley que endurecerá las sanciones contra el contrabando y tratará a quienes estén implicados en esta actividad con la misma dureza que a los narcotraficantes, publica la prensa local.

Según la agencia estatal ABI, el vicepresidente Álvaro García Linera informó que se envió al Congreso un proyecto de Ley que planteará confiscar los bienes de los contrabandistas y castigar con hasta 15 años de prisión a los empleados estatales involucrados en esta actividad.

"Se va a aplicar la misma rigurosidad en la confiscación de bienes a las personas involucradas en la actividad que a las involucradas en narcotráfico", sostuvo.

La autoridad aseguró que la nueva norma contra el contrabando será "una especie de Ley 1008", la Ley de Régimen de Sustancias Controladas y Coca.

El proyecto plantea la confiscación de herramientas, inmuebles o vehículos utilizados por contrabandistas, además de la detención de personas involucradas directa o indirectamente en el hecho, sanciones que actualmente se aplican en casos de narcotráfico.

La propuesta del Gobierno también apunta a aumentar de cinco a 15 los años de cárcel para los funcionarios estatales o policías vinculados con esa actividad.

"Estos dos elementos fundamentales están marcando una línea de un golpe muy drástico, contundente, demoledor contra cualquier tipo de actividad de contrabando que está desangrando a la economía boliviana", agregó García Linera.

Según un estudio presentado el mes pasado por la fundación privada de análisis económico Milenio, el contrabando que ingresa a Bolivia alcanzó un promedio anual de 354 millones entre 2000 y 2005, cifra que subió a 846 millones por año, de 2006 a 2008.

El mismo estudio señala que sólo en 2008 el valor global del contrabando fue de 1.048 millones de dólares, el 59% proveniente de la Zona Franca de Iquique (Zofri) y un 9% de otras regiones de Chile.

Bolivia también ha tenido períodos de desabastecimiento de combustibles y elevación de precios de alimentos como el azúcar por el envío ilícito de esos productos hacia países vecinos como Perú, Argentina, Brasil y Chile.

-EFE