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por Redacción RPP
·Los familiares buscan que el Estado mexicano cumpla con reparar las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus hijos, quienes murieron en junio del 2009.
Familiares de los 49 niños que fallecieron en junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, norte de México, pidieron hoy a la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, que intervenga en el caso.
La petición fue hecha en una carta entregada en Ciudad de México a Kang durante una reunión que sostuvo con Patricia Duarte Franco, miembro del Movimiento 5 de Junio, que representa a los familiares de los niños fallecidos.
En la carta, le solicitan la intervención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con el propósito de que el Estado mexicano cumpla "su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos" que sufrieron sus hijos, "aplicando escrupulosamente las normas internas y los tratados y convenciones internacionales".
El Movimiento asegura que, catorce meses después de la tragedia, hay "cero avances en el castigo a los responsables" y continúa la impunidad.
En la misiva, afirman que lo "más grave" es que las autoridades municipales, estatales y federales lejos de impartir justicia "han venido haciendo un control de daños" al reducir el número de responsables, además de que solo hay entre estos 18 "funcionarios menores", además de cuatro propietarios de la estancia infantil.
Aseguran que las autoridades "han tendido un execrable manto de impunidad" en favor de altos funcionarios, entre ellos el actual ministro de Comunicaciones, Juan Molinar, quien era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando ocurrió la tragedia.
Aunque la guardería pertenecía al IMSS, ésta era operada en concesión a particulares.
El 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, se registró un incendio en una bodega que se propagó a la "Guardería ABC".
El centro era propiedad de Gildardo Urquides, ex secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, y de Marcia Gómez y Sandra Téllez, esposas de dos funcionarios estatales.
Las investigaciones de la Fiscalía mexicana han revelado graves deficiencias en las instalaciones donde se ubicaba la guardería, como un diseño inadecuado en las puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre otras.
El pasado 20 de julio el Gobierno mexicano decretó una "ayuda vitalicia" para las madres de los niños muertos y heridos en el incendio y otras ayudas, que algunos padres agrupados en el Movimiento 5 de junio consideran insuficientes.
Los padres lamentaron hoy que durante la visita que hiciera el 20 de julio pasado a Hermosillo el presidente Felipe Calderón, el mandatario fuera "incapaz siquiera de definir qué entiende por justicia, como le fue exigido de viva voz".
Los familiares de los niños señalaron que Calderón no "demostró tener voluntad de procurar (la justicia) en su condición de jefe supremo del ministerio público federal".
EFE
La petición fue hecha en una carta entregada en Ciudad de México a Kang durante una reunión que sostuvo con Patricia Duarte Franco, miembro del Movimiento 5 de Junio, que representa a los familiares de los niños fallecidos.
En la carta, le solicitan la intervención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con el propósito de que el Estado mexicano cumpla "su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos" que sufrieron sus hijos, "aplicando escrupulosamente las normas internas y los tratados y convenciones internacionales".
El Movimiento asegura que, catorce meses después de la tragedia, hay "cero avances en el castigo a los responsables" y continúa la impunidad.
En la misiva, afirman que lo "más grave" es que las autoridades municipales, estatales y federales lejos de impartir justicia "han venido haciendo un control de daños" al reducir el número de responsables, además de que solo hay entre estos 18 "funcionarios menores", además de cuatro propietarios de la estancia infantil.
Aseguran que las autoridades "han tendido un execrable manto de impunidad" en favor de altos funcionarios, entre ellos el actual ministro de Comunicaciones, Juan Molinar, quien era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando ocurrió la tragedia.
Aunque la guardería pertenecía al IMSS, ésta era operada en concesión a particulares.
El 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, se registró un incendio en una bodega que se propagó a la "Guardería ABC".
El centro era propiedad de Gildardo Urquides, ex secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, y de Marcia Gómez y Sandra Téllez, esposas de dos funcionarios estatales.
Las investigaciones de la Fiscalía mexicana han revelado graves deficiencias en las instalaciones donde se ubicaba la guardería, como un diseño inadecuado en las puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre otras.
El pasado 20 de julio el Gobierno mexicano decretó una "ayuda vitalicia" para las madres de los niños muertos y heridos en el incendio y otras ayudas, que algunos padres agrupados en el Movimiento 5 de junio consideran insuficientes.
Los padres lamentaron hoy que durante la visita que hiciera el 20 de julio pasado a Hermosillo el presidente Felipe Calderón, el mandatario fuera "incapaz siquiera de definir qué entiende por justicia, como le fue exigido de viva voz".
Los familiares de los niños señalaron que Calderón no "demostró tener voluntad de procurar (la justicia) en su condición de jefe supremo del ministerio público federal".
EFE
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