La obra del arzobispo inspiró la canción ´el padre Antonio y su monaguillo Andrés´, de Rubén Blades, así como la película ´Romero´, protagonizada por Raúl Julia.
El Salvador dio un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del actual presidente Mauricio Funes afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.
La CIDH concluyó que el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a conocer la verdad en el caso de monseñor Romero, ejecutado extrajudicialmente cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha), Roberto D"Aubuisson.
No obstante, la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en la impunidad ese crimen cometido.
Por tal motivo, la CIDH recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre este asesinato, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.
También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecue su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.
El director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, acompañado por su subdirectora, Tania Camila Rosa, y el embajador de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez-Castro, transmitió a la CIDH el compromiso del Gobierno de Funes "de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades" las recomendaciones de la Comisión.
Explicó que a través del canciller, Hugo Martínez, se creará una mesa de coordinación de trabajo con ambas entidades para que incorporen en su agenda las recomendaciones de la CIDH y para que la ley sea reconsiderada.
Prometió además crear una comisión plural para establecer una plaza estatal en homenaje de monseñor Romero, así como para difundir un video sobre su vida, una exigencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Como arzobispo, Romero denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país
El Estado salvadoreño se comprometió además a iniciar "una nueva era de relaciones" con las víctimas y los organismos de derechos humanos.
El reconocimiento del Gobierno de su responsabilidad en el asesinato del arzobispo representa un "hecho histórico" y "un paso inicial hacia la reparación" de las víctimas, así como para el cumplimiento de todas las recomendaciones de la CIDH, señaló Gisela de León del CEJIL.
Felipe González, miembro de la CIDH, dijo por su parte que la Comisión "aprecia mucho el cambio de actitud" del Estado y su disposición a satisfacer sus recomendaciones.
El padre Romero fue símbolo de unión con los pobres durante la guerra en El Salvador (1980-1992). Actualmente es considerado como un símbolo por distintas comunidades hispanas, y de otras partes del mundo.
La película Romero, realizada en 1989, está basada en su biografía. Con guión escrito por John Sacret Young y siendo Raúl Julia la estrella principal, representando a Monseñor Oscar Romero.
La canción "El padre Antonio y su monaguillo Andrés", de Rubén Blades, narra la historia de un sacerdote centroamericano asesinado durante la misa, como un homenaje a "un cura bueno: Arnulfo Romero".EFE
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del actual presidente Mauricio Funes afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.
La CIDH concluyó que el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a conocer la verdad en el caso de monseñor Romero, ejecutado extrajudicialmente cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha), Roberto D"Aubuisson.
No obstante, la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en la impunidad ese crimen cometido.
Por tal motivo, la CIDH recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre este asesinato, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.
También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecue su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.
El director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, acompañado por su subdirectora, Tania Camila Rosa, y el embajador de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez-Castro, transmitió a la CIDH el compromiso del Gobierno de Funes "de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades" las recomendaciones de la Comisión.
Explicó que a través del canciller, Hugo Martínez, se creará una mesa de coordinación de trabajo con ambas entidades para que incorporen en su agenda las recomendaciones de la CIDH y para que la ley sea reconsiderada.
Prometió además crear una comisión plural para establecer una plaza estatal en homenaje de monseñor Romero, así como para difundir un video sobre su vida, una exigencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Como arzobispo, Romero denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país
El Estado salvadoreño se comprometió además a iniciar "una nueva era de relaciones" con las víctimas y los organismos de derechos humanos.
El reconocimiento del Gobierno de su responsabilidad en el asesinato del arzobispo representa un "hecho histórico" y "un paso inicial hacia la reparación" de las víctimas, así como para el cumplimiento de todas las recomendaciones de la CIDH, señaló Gisela de León del CEJIL.
Felipe González, miembro de la CIDH, dijo por su parte que la Comisión "aprecia mucho el cambio de actitud" del Estado y su disposición a satisfacer sus recomendaciones.
El padre Romero fue símbolo de unión con los pobres durante la guerra en El Salvador (1980-1992). Actualmente es considerado como un símbolo por distintas comunidades hispanas, y de otras partes del mundo.
La película Romero, realizada en 1989, está basada en su biografía. Con guión escrito por John Sacret Young y siendo Raúl Julia la estrella principal, representando a Monseñor Oscar Romero.
La canción "El padre Antonio y su monaguillo Andrés", de Rubén Blades, narra la historia de un sacerdote centroamericano asesinado durante la misa, como un homenaje a "un cura bueno: Arnulfo Romero".EFE
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