La organización humanitaria Cristosal informó que, durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo, se ha incrementado los reportes de abusos contra miembros de la comunidad LGTBIQ
La organización humanitaria Cristosal señaló este viernes que durante los tres años de Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador se amplió la "brecha" de desigualdad contra la población LGTBI y denunció "detenciones arbitrarias" en el marco de un régimen de excepción vigente en el país.
Cristosal ha recibido al menos 18 denuncias de "detenciones arbitrarias" de personas LGTBI bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa desde finales marzo y que suspende garantías constitucionales, como la defensa en un proceso judicial.
"Hasta la fecha hemos identificado a 18 personas de la comunidad LGTBI que han sido víctimas a diferentes vulneraciones de derechos durante el régimen de excepción", dijo Rina Montti, vocera de la organización.
Indicó que entre estos casos se encuentra uno en el que la familia de la persona detenida sufrió desplazamiento forzado tras una amenaza de las autoridades de seguridad.
"Esto, lamentablemente, está siendo bastante común en los casos. Después de que han detenido a una persona de la población en general, hay una amenaza de la Policía", acotó.
El Congreso otorgó poderes especiales al Ejecutivo de Bukele tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo que se cobró en tres días la vida de 87 personas y puso en jaque la estrategia de seguridad del Gobierno.
En este contexto, son casi 3.000 las denuncias de atropellos a derechos humanos que organizaciones no gubernamentales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido.
Se profundiza brecha
Amalia Leiva, de Cristosal, afirmó durante un foro que su organización se ha dado cuenta de que "la brecha de desigualdad, de indiferencia y omisión del Estado ha incrementado".
La activista trans apuntó que esta "brecha" se ha incrementado "desde los discursos, desde lo que se dice en la palestra (...) y esto repercute de manera negativa".
"En otros contextos políticos del país podíamos hacer algo, teníamos herramientas, voluntad política y las instituciones dispuestas a trabajar y a escuchar las necesidades de esta población", indicó.
El recuento de Cristosal de los tres años de Bukele en el Ejecutivo, al que llegó en junio de 2019, señala el "desmantelamiento" de la Secretaría de Inclusión Social, que se adhirió al Ministerio de Cultura.
Leiva sostuvo que con esto se "bajó perfil a una simple unidad de género y diversidad", lo que a su juicio manda "un mensaje bien claro".
Agregó que también existe una "falta de apertura" del Ministerio de Educación, que "es el único ministerio que no ha atendido a ningún llamado de las organizaciones".
En materia de seguridad, indicó que la única instancia que registra las desapariciones de personas trans bajo su identidad de género es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En el marco de la atención a la pandemia, explicó que en los centros de contención, en los que se detenía a diferentes personas durante la cuarentena obligatoria, se registraron "agresiones físicas y sexuales" contra la población LGTBI.
"Existe una deshumanización no solo de los derechos de las personas LGTBI, no solo es que la brecha se haya hecho más profunda, sino que también en el proceso de un crimen de odio o desaparición, el Estado propicia las condiciones para deshumanizar todo el proceso", subrayó.
De acuerdo con las organizaciones de la diversidad sexual, desde 1992 se registran unos 600 homicidios por odio contra la población LGTBI en El Salvador, de los que únicamente tres se han judicializado. (EFE)
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