Embajador de Perú en La Paz reclama a Bolivia injerencia por caso Bagua

Como una "intervención", calificó el embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas, las declaraciones condenatorias de la ministra de Justicia del país altiplánico, Celima Torrico, sobre el enfrentamiento entre indígenas amazónicos y policías en Bagua.

"Hubo declaraciones oficiales, incluso de ministros (en alusión a las declaraciones Torrico) que se refirieron con bastantes calificativos y mucha dureza sobre estos hechos con informaciones que no fueron contrastadas, esas declaraciones son intervención en asuntos internos peruanos", dijo el diplomático peruano en declaraciones reproducidas por la prensa boliviana.

El sábado, Torrico no solo calificó de "sangrienta masacre" los hechos de violencia en Bagua, sino que acusó al Gobierno peruano de no atender las demandas de las comunidades amazónicas que exigen la derogatoria de la Ley de Selva.

"Es reprochable la actitud que asumió el presidente (Alan García) que no atendió las demandas de los indígenas, ahora esperamos que asuman la responsabilidad sobre este hecho. El único responsable de este hecho es el gobierno actual del vecino país", afirmó Torrico.

Por su parte, el ministro de Defensa Legal de Bolivia, Héctor Arce, negó cualquier intromisión en asuntos internos peruanos. Según indicó, las vinculaciones de ese enfrentamiento con el Gobierno de Evo Morales son intentos del Ejecutivo peruano para evadir sus responsabilidades.

"Es un acto incorrecto y desesperado, el tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos que ocurrieron en Perú, no existe ninguna acción de injerencia del gobierno boliviano, los datos están en ahí, además es alejado con frontera boliviana el lugar donde se produjo el hecho", declaró Arce según lostiempos.com

El principal ejecutivo del poderoso sindicato de campesinos (CSUTCB), Isaac Avalos, cercano al presidente Evo Morales había pedido el sábado a la comunidad internacional "sanciones contra el gobierno peruano de Alan García por la agresión" a indígenas que piden la derogación de decretos que consideran lesivos a sus intereses y al medio ambiente.