Madre e hija se atrincheran en el Consulado de Uruguay en Barcelona para no ser separadas

Este martes su cumplieron cuatro días desde que María y su hija de siete años permanecen dentro del Consulado de Uruguay en Barcelona. El viernes pasado, la madre de nacionalidad uruguaya debía entregar la menor a Pablo S., su padre –quien fue denunciado sin éxito por abuso sexual–, de acuerdo a una sentencia emitida por el Juzgado Número 1 de Vielha.

Sin embargo, el cónsul se negó a realizar el trámite, ya que este no se encuentra dentro de sus facultades, aseguró La Vanguardia.

Si madre e hija dejan las instalaciones, los Mossos d’Esquadra -Policía autónoma de Cataluña- puede intervenirlas inmediatamente y llevar a la niña con su padre.

Esta confrontación legal inició en el año 2016, cuando María y su hija de entonces cuatro años viajaron –con permiso de padre– a Uruguay. En el vuelo de ida, la menor hizo unos dibujos que llamaron su atención. Tenía “una connotación sexual, anormales para la edad de la niña, que alertaron a la madre”, explicó la abogada defensora Ester García a La Vanguardia.

Psicólogos públicos de Uruguay atendieron a la menor y determinaron que existían “indicios de abusos sexuales por parte del padre”, informó García. Además, la abogada señaló que antes del viaje a Sudamérica, María llevó a su hija al Hospital de Vielha por irritaciones alrededor del ano “sin pensar que pudiera tratarse de abusos”.

La mujer decidió no regresar a España e interpuso una demanda y querella criminal contra Pablo S., mientras que el hombre al mismo tiempo colocaba una denuncia por sustracción internacional de menores. La Corte Suprema de Uruguay falló a su favor, argumentado que los hechos habrían ocurrido en España, señaló el diario.

En junio de 2018 regresaron al país, pero se mudaron a Castelldefels, localidad con la mayor comunidad de uruguayos de Cataluña, y contaba con medidas cautelares debido a la denuncia de abuso infantil.

Poco después, un informe elaborado por el Equipo de Asesoramiento Técnico Penal desestimó los indicios de agresión sexual y aseguraba que existiría síndrome de alineación parental de la madre respecto a la pequeña, detalló La Vanguardia. La jueza le otorgó la custodia a la menor con un régimen de visitas de dos horas a la semana para la madre.

La sentencia determinó que María debía entregar su hija al padre y el Consulado de Uruguay sería el punto de encuentro. “Aquí reside el error de la jueza, porque las dependencias consulares no pueden hacer esta función”, expresó García al medio.

Tras la negativa del consulado, la jueza dicto una provisión en la que fijó como fecha de entrega este miércoles 9 de octubre en otro punto. Los abogados de María solicitaron su anulación.

García expresó a La Vanguardia que permanecen “pendientes de que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) emita un informe respecto a si la entrega de la menor, que no ha visto a su padre en tres años, puede ser contraproducente para su salud psicológica”. También apelarán contra el fallo que determina que la custodia sea del padre.