EE.UU. sanciona a la fiscal de la Corte Penal Internacional por investigar a sus soldados por crímenes de guerra

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.

"Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción", manifestó en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El titular de Exteriores también anunció sanciones contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, por haber trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses.

UN INSTRUMENTO USADO CON TERRORISTAS Y NARCOS

Ambos fueron incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada "Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) y que Washington usa para sancionar a terroristas y narcotraficantes, y no a funcionarios que trabajan en un organismo de derechos humanos.

Bajo las nuevas sanciones, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación.

En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera ingresar en el país; y en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados.

"Hoy -anunció Pompeo- tomamos el siguiente paso porque la CPI continúa dirigiéndose contra los estadounidenses, tristemente".

Además, el secretario de Estado usó el mismo tono que ha empleado con enemigos de Washington para lanzar una dura advertencia contra quienes respalden a Bensouda y Mochochoko: "Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados", avisó.

Y especificó que el Departamento de Estado restringió la emisión de visados para quienes están implicados en las investigaciones de la CPI sobre el conflicto afgano.

LA ANIMADVERSIÓN DE TRUMP A LA CPI

El desencadenante de las sanciones es una investigación sobre la guerra de Afganistán (2001-presente) que pudo ser abierta porque el país asiático sí acepta la jurisdicción de la CPI a diferencia de EE.UU.

En marzo de este año, los jueces autorizaron una investigación que Bensouda les había solicitado en 2017 por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos al ejército estadounidense, a grupos talibanes y autoridades afganas.

Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998. Sin embargo, hasta ahora Washington se había limitado a ignorarla y nunca antes una Administración había adoptado una actitud tan beligerante.

Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha arremetido contra la CPI por sus decisiones contra Washington y sus aliados, como Israel, en lo que considera un intento del tribunal por socavar la soberanía estadounidense.

REACCIÓN INTERNACIONAL

Se espera que la decisión de Washington provoque una fuerte reacción de la comunidad internacional, que ya expresó preocupación en junio, cuando Trump autorizó sanciones contra miembros de la CPI.

Entonces, la Unión Europea (UE) urgió a Washington a dar marcha atrás y, además, 67 de los 123 estados del tribunal emitieron un comunicado conjunto en el que mostraban su "apoyo inquebrantable" al organismo frente a las agresiones de Trump.

Este miércoles, poco después del anuncio, Amnistía Internacional (AI) pidió en Twitter a los 123 estados que forman parte del tribunal que usen su "poder colectivo" para hacer frente a las "vergonzosas" sanciones de EE.UU. contra Bensouda.

"Una respuesta firme y unificada debe incluir medidas prácticas urgentes para anular los efectos de las sanciones en el personal y las operaciones de la corte", subrayó AI.

Entretanto, Human Rights Watch (HRW) pidió a la CPI que haga todo lo posible para garantizar que "nadie está por encima de la ley", en palabras de Balkees Jarrah, una de las encargadas de justicia internacional en la ONG. 

(EFE)