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Ex ministro boliviano refugiado en Perú pide que su juicio pase a la CPI

Jorge Torres, imputado por el caso "octubre negro" señaló que en su país no existen las condiciones mínimas para que se desarrolle un debido proceso.

El ex ministro boliviano Jorge Torres Obleas, quien se encuentra refugiado en el Perú,  afirmó que en su país no existen "las mínimas condiciones para un juicio debido" por el "octubre negro" y pidió que se ventile en la Corte Penal Internacional (CPI).

En Bolivia "todo el sistema jurídico está colapsado" señaló en una entrevista publicada hoy por el diario El Deber y condicionó su retorno al país "a que se generen las condiciones para un debido proceso y, más que todo, que se dilucide en la Corte Penal Internacional".

Torres Obleas está imputado por el caso "octubre negro", junto al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), acusado de "genocidio" por las seis decenas de muertes que provocó la represión militar ordenada contra protestas sociales en 2003.

El ex ministro de Desarrollo Económico insistió en proclamar su inocencia y denunció que los recursos constitucionales que ha presentado "han quedado paralizados porque no hay Tribunal Constitucional".

"He estado cinco años, o sea más de una décima parte de mi vida, defendiéndome y demostrando mi inocencia, en un proceso plagado de vicios e irregularidades y en el que había violaciones a mis derechos", agregó.

El ex ministro aseguró que si el caso llega a la CPI su situación se resolvería "en la primerísima de las etapas" pues considera que "no hay argumento para que esté involucrado".

"No estoy acusado por genocidio. Me han puesto como cómplice de un homicidio y de lesiones graves y gravísimas, y no debería estar con ninguna de esas tipificaciones", puntualizó.

La Corte Suprema de Justicia tiene previsto abrir mañana el juicio por genocidio por el caso del "octubre negro" sin la presencia de los principales acusados, entre ellos el ex presidente Sánchez de Lozada y varios de sus ex ministros, huidos a EE.UU. y Perú.

Como se recuerda, los ex funcionarios están acusados por las más de 60 muertes que se produjeron durante la represión a una ola de protestas sociales entre septiembre y octubre de 2003 contra un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos a través de puertos de Chile.

EFE

 


 

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