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por Agencia EFE
·Harvard es una de las universidades -además de Columbia y Princeton, entre otras- que han visto amenazada su financiación por informes del 'Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo', creado por Donadl Trump.
El Gobierno de Estados Unidos ha dado 72 horas a la universidad de Harvard para proporcionar información sobre actividades "violentas" y protestas en las que hayan participado sus alumnos si quiere recuperar su programa de matriculación de extranjeros, revocado hoy por la Administración del presidente Donald Trump.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, indicó a la institución en una carta que podía reinstaurar su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio si cumplía con una serie de requisitos en 72 horas.
Entre otras cosas, el DHS pide a la prestigiosa institución académica que facilite vídeos, imágenes o audios de protestas y actividades "ilegales" y "violentas" que hayan tenido lugar dentro o fuera del campus en los últimos cinco años y en las que hayan participado alumnos con visas de los tipos J1 y F.
Noem incidió en que este es "un mensaje claro para Harvard y todas las universidades, de que la Administración Trump hará cumplir la ley y erradicará los males del antisemitismo y el antiamericanismo en la sociedad y los campus".
Tensión entre Gobierno y Harvard
En un comunicado divulgado esta mañana, el DHS especificó que Harvard "ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los actuales deben transferirse o perderán su estatus legal", al alegar que la universidad ha permitido "que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, entre ellas muchos alumnos judíos".
La revocación de su capacidad para matricular a extranjeros supone una escalada de la tensión entre el Gobierno y la universidad, que el pasado abril demandó a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas.
Harvard es una de las universidades -además de Columbia y Princeton, entre otras- que han visto amenazada su financiación por informes del 'Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo', creado por Trump, por presuntamente aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no dar cabida a lo que el Gobierno Trump califica como "diversidad de ideas".
Las acusaciones de antisemitismo vertidas por Trump hacen referencia sobre todo a las protestas propalestinas que tuvieron lugar el año pasado en la Universidad de Columbia (Nueva York) y que se extendieron a otros centros universitarios estadounidenses.
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