Plan B: ¿Qué plantea la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador que rechazan miles de ciudadanos en México?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó este lunes la jornada de protestas del domingo de cientos de miles de personas en 100 ciudades contra su reforma electoral, el 'Plan B', que causa preocupación internacional por presuntos riesgos a la democracia.

El mandatario indicó que en el Zócalo de Ciudad de México hubo entre 80 000 y 100 000 personas, mientras que las marchas en otras urbes son "todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México", donde él estima que el "bloque conservador" tiene 25 millones de simpatizantes.

“Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse", indicó con ironía el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador desestimó el reclamo de la manifestación, la más numerosa que ha habido contra una de sus iniciativas de Gobierno y que busca revertir la reforma aprobada el miércoles de la semana pasada en el Senado porque afecta al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones.

¿Qué plantea la reforma?

La reforma legal de López Obrador, conocida como 'Plan B' por ocurrir tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, recorta el presupuesto, el personal y las atribuciones del INE, lo que pone en riesgo la autonomía de las elecciones y favorece al partido en el poder, según la oposición y entes internacionales.

El 'Plan B' propone compactar áreas del INE, reducir órganos distritales, eliminar la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro -conocida como la vida eterna a los partidos- y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que los miembros del Gobierno.

También permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a los declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.

Concretamente, se establece que las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental

Asimismo, se modifica el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que los dichos de los políticos no les afecten en los procesos electorales.

"A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite", se lee en la propuesta aprobada por el Senado.

Sectores de la oposición denuncian que este último punto permitirá a funcionarios de todos los niveles hacer proselitismo durante las campañas electorales con recursos públicos.

Las críticas a la reforma electoral

La oposición política al gobierno de López Obrador considera que los recortes aprobados contra el al INE afectarán la autonomía del organismo, un ente que ha sido fustigado por el presidente mexicano por sus supuestamente incurrir en gastos oneroros y haber tolerado fraudes electorales en el pasado.

La bancada opositora anunció que demandará el articulado ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar además que daría ventajas al gobierno de López Obrador en las elecciones generales previstas para mediados de 2024.

Para ello cuenta con 30 días, aunque de hecho el tribunal ya había ordenado suspender la aplicación de otras reformas electorales, previamente aprobadas por el bloque oficialista, en los dos próximos comicios estatales, a celebrarse este año.

Esta reforma "atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo (...). Es en la Corte donde se resolverá este atropello histórico a nuestra Constitución", advirtió Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional (PAN, derecha) y excandidata presidencial.

El miércoles pasado, cuando se discutía la iniciativa en el Congreso, los miembros del INE advirtieron que los cambios propuestos a la ley electoral tienen "deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales".

"El INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al Instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos", dijo el organismo.

También advirtió que recurrirá a todas las instancias jurídicas para "seguir garantizando elecciones libres y auténticas". (Con Información de EFE, AFP, Europapress)