Una de las demandas de huelguistas que inciaron ayuno el 12 de julio pasado, es la no aplicación de ley que prevé penas elevadas en juicios contra mapuches.
Una portavoz de los 35 comuneros mapuches que mantienen un ayuno en cárceles del sur de Chile desde hace 77 días reclamó hoy un diálogo directo con los tres poderes del Estado y señaló que su "huelga va a continuar hasta que haya una respuesta clara y precisa" a sus "demandas".
"Lamentablemente no hemos podido llegar a ningún acuerdo final, a ninguna resolución del conflicto", dijo Natividad Llanquileo, portavoz de los mapuches, al término de una reunión con los representantes del Gobierno sostenida en la ciudad de Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago.
Una de las principales demandas de los huelguistas, una veintena de los cuales inició el ayuno el pasado 12 de julio, es la no aplicación de la ley antiterrorista, que prevé penas más elevadas que la legislación común, en juicios contra mapuches.
El Gobierno ofreció a los huelguistas no aplicar esa legislación en varias causas abiertas en contra de los comuneros indígenas, pero no puede dar ese paso en nombre de los Poderes Legislativo y Judicial.
Ellos "quieren que los tres poderes del Estado se comprometan a la no aplicación de la ley antiterrorista, y en mi posición yo no puedo comprometerme a eso", dijo a periodistas en tanto el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, representante del Gobierno en esas negociaciones.
"Como (el Gobierno) está incapacitado para resolver el problema, nosotros hacemos este llamado a los otros poderes para poder sentarse a conversar", subrayó a la salida del encuentro Rodrigo Curipán, otro de los portavoces de los mapuches.
Alvarado defendió que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer" y "ha cumplido su rol en esta mesa" de diálogo.
Explicó también que las autoridades han dado respuesta a otras dos de las demandas de los huelguistas, como son la presentación de reformas legislativas orientadas a acabar con el doble juicio en tribunales civiles y militares, y la restricción de la figura de los "testigos protegidos".
De esta forma, las conversaciones directas con el Gobierno quedan en suspenso, aunque Alvarado reiteró la "disponibilidad del Gobierno" para retomar el dialogo cuando los representantes de los mapuches lo soliciten.
"El ofrecimiento del Ejecutivo no es suficiente para resolver todos los problemas, porque intervienen otros poderes del Estado", dijo por su parte el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien opinó que "todo lo que podía hacer el Ejecutivo, lo ha hecho".
Ezzati señaló, además, que el papel que él ha ejercido como "facilitador" del diálogo entre ambas partes ha concluido y añadió que no le corresponde a él arrogarse ese rol en posibles conversaciones de los mapuches con los otros poderes estatales.
EFE
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