Nicolás Maduro se alista para un segundo mandato considerado ilegitimo por Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: YURI CORTEZ

Inflación, migración masiva e inseguridad. Así "llueva, truene o relampaguee", Nicolás Maduro asume este jueves un segundo mandato en Venezuela bajo una sombra de ilegitimidad. El nuevo sexenio presagia aún más su aislamiento internacional y la profundización de la peor crisis económica que atraviesa el país.

Corpulento, con negro bigote y exchófer de bus de 56 años, Maduro jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un segundo mandato tras los comicios realizados el pasado 20 de mayo de 2018. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y 12 países latinoamericanos no reconocieron esta elección al no haber tenido la participación de la oposición.

Los principales partidos opositores boicotearon el proceso al denunciar que era fraudulento. El resultado fue el esperado: Maduro fue reelecto con 68% de los votos en una elección con la mayor abstención en seis décadas (52%).

“En esas condiciones difícilmente se puede considerar legítima una presidencia con todos los atentados contra la democracia, la prensa y los derechos humanos”, dijo a RPP el internacionalista Francisco Belaunde.

Los opositores han hecho casi de todo para derrocar el régimen: protestas que dejaron al menos 200 muertos, un intento de referéndum revocatorio y mesas de diálogo. Todo ello sin éxito. El heredero de Hugo Chávez se declara más fuerte y legitimo que nunca y arremete contra el Grupo de Lima, que le exhortó a no asumir este jueves.

La Constitución de Venezuela establece que el presidente debe jurar ante la Asamblea Nacional. En su artículo 231 dice lo siguiente: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Venezolanos caminan en medio de una pequeña feria en la ciudad de Caracas | Fuente: AFP | Fotógrafo: YURI CORTEZ

La Asamblea usurpada por la Constituyente 

En el 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, de afinidad chavista, declaró en desacato a la Asamblea Nacional y ha anulado sus decisiones. En la práctica el poder del Legislativo ha recaído en la Constituyente, un órgano con poderes absolutos y controlado por el régimen.

“La Asamblea ha sido dejada de lado por el régimen. Lo que puede decir tiene, básicamente, un valor simbólico”, dijo Belaunde.

Luego de la Declaración del Grupo de Lima, vino la posición de la Asamblea Nacional que declaró a Maduro "usurpador".  Juan Guaidó, elegido presidente de la cámara al iniciarse el año legislativo, indicó, en ese sentido, que la "Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo".

“A partir del 10 de enero, Nicolás Maduro es un civil común y corriente, y no un presidente de Venezuela”, dijo enfática Thays Peñalver, abogada y escritora venezolana, a RPP Noticias. 

Para ella, todos los países de América Latina tienen la oportunidad de fijar su posición ante la nueva situación que enfrenta Nicolás Maduro. “La comunidad internacional se enfrenta a otro tipo de régimen, al de un hombre común y corriente, a un civil que está usurpando definitivamente el poder en Venezuela”, manifestó.

Colectivos chavistas han expresado que respaldaron a Maduro. | Fuente: AFP | Fotógrafo: YURI CORTEZ

Hacia la ruptura de relaciones

El chavismo ante la respuesta internacional ha anunciado la movilización de sus partidarios por todo el país en caravanas de hombres encapuchados con fusiles. Ellos han afirmado que defenderán a Maduro a “sangre y fuego”.

En vísperas de su investidura presidencial, Nicolás Maduro dio un ultimátum al Grupo de Lima, que en su mensaje del viernes le exigió que transfiera al poder a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. En el marco de la declaratoria, Perú fue uno de los primeros países en adoptar medidas sancionadoras como la prohibición del ingreso de miembros, y sus familiares, de la cúpula del régimen de Maduro al país, así como sus transferencias bancarias.

Francisco Belaunde sostiene que las sanciones económicas que podría adoptar Perú tendrían poco impacto. “Todavía no se ha llegado a la ruptura formal de relaciones [diplomáticas]. Perú quiso que se diera en la última reunión del Grupo de Lima. Quizá se podría dar más adelante”, manifestó.

Por su parte, Peñalver estimó que los chavistas también que tendrán que enfrentar las consecuencias de estar ante un régimen declarado ilegítimo. “Los embajadores, los ministros, los que trabajan para el alto Gobierno, ellos van a estar situación peor, porque estarán usurpando cada uno de sus cargos”, dijo.

Campamento en Bogotá para los migrantes venezolanos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RAUL ARBOLEDA

Se agudiza la crisis económica

Según el FMI, la economía, que se redujo a la mitad durante el gobierno de Maduro, se contraerá 5% en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000%. La crisis económica ha obligado a las familias a migrar masivamente del país. Desde el 2015, más de 2.3 millones de venezolanos han emigrado. La ONU prevé que la cifra suba a 5.3 millones en 2019.

Desde Venezuela, las previsiones económicas son desalentadoras. El periodista Luis Arturo Barcenas, de Econoanalítica, indicó a RPP que “con la caída en la producción petrolera y los venideros ajustes fiscales que pudiesen ocurrir durante este año, aunados al desincentivo a la inversión privada y al menor consumo, producto de la hiperinflación, podría producirse una contracción económica anual cercana a 30% al cierre de este año”.

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