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por Redacción RPP
·Sindicatos sostienen que obreros británicos han sido objeto de discriminación.
Las huelgas contra la contratación de trabajadores extranjeros continuaron hoy en el Reino Unido, mientras siguen las negociaciones para buscar una solución y el Gobierno se afana por evitar una campaña proteccionista y antieuropea.
Cientos de empleados volvieron a manifestarse en la
refinería de Lindsey, en North Lincolnshire (norte de Inglaterra), que la
semana pasada fue el detonante de los paros que se han extendido en
instalaciones similares del país en solidaridad con esos compañeros.
En apoyo de esa huelga, unos 600 personas secundaron hoy un
paro espontáneo en la central eléctrica de Langage, cerca de Plymouth (sur de
Inglaterra), al tiempo que se emprendieron acciones similares en otras cuatro
plantas energéticas del país.
Las movilizaciones, que ya han afectado a una veintena de
instalaciones, estallaron después de que Total anunciase que la empresa
italiana IREM se adjudicaba el contrato para construir una nueva unidad de
procesado en Lindsey.
Un centenar de italianos y portugueses trabajan actualmente
en la planta, pero se espera que el próximo mes lleguen 300 obreros más, pues
IREM quiere su propia fuerza laboral, integrada principalmente por mano de obra
de esas dos nacionalidades.
Los trabajadores británicos han tildado de
"escandaloso" la elección de empleados foráneos y han exigido al
primer ministro británico, Gordon Brown, que cumpla su promesa hecha el pasado
año de garantizar "empleos británicos para los trabajadores
británicos".
El llamado Servicio de Arbitrio y Conciliación (Acas),
convocado por el Gobierno para mediar en el conflicto, presidió hoy las
negociaciones entre Total, IREM y los sindicatos, si bien no precisó cuánto
pueden durar unas conversaciones que parecen complicadas.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Empresa, Peter Mandelson,
abogó por no gastar energías en "la política de la xenofobia" para
aprovecharlas mejor en la lucha contra la recesión económica.
Ante las acusaciones de xenofobia, Derek Dimpson, co-líder
del sindicato Unite (el más grande de este país), respondió que "las
acciones no oficiales que están teniendo lugar en todo el país no tienen que
ver con raza o inmigración, sino con clase (social)".
Las huelgas, explicó Dimpson, giran en torno a
"empleadores que explotan a los trabajadores independientemente de su
nacionalidad recortando los sueldos y condiciones que, con dificultades, se han
ganado".
Entretanto, el diputado laborista John Mann echó más leña al
fuego al proponer una moción parlamentaria "deplorando" la
utilización de trabajadores foráneos en la refinería de Lindsey.
La moción felicita a los sindicatos por "exponer esta
explotación y la falta de igualdad de oportunidades para solicitar todos los
trabajos".
Los sindicatos también sostienen que los obreros británicos
han sido objeto de discriminación, al argumentar que se les ha negado la
posibilidad de beneficiarse del contrato de IREM.
Tanto el Gobierno, opuesto a cualquier medida de tinte
proteccionista en estos tiempos de desaceleración económica, como Total
rechazan las acusaciones de discriminación e insisten en que no se ha
incumplido la ley vigente.
A ese respecto, el sindicato GMB considera que los
británicos llevan las de perder por la errónea interpretación de
"Tal y como se interpreta la ley ahora, es posible que
compañías extranjeras rechacen emplear a nacionales británicos en proyectos
ejecutados en el Reino Unido", señaló en un comunicado GMB, que representa
a unos 600.000 trabajadores.
Según ese sindicato, "el Gobierno británico debería pedir
consejo al Parlamento de
El secretario general de
No obstante, el vicedirector general de
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