Las autoridades sanitarias desplegarán a sus trabajadores en las calles para garantizar el cumplimiento de las duras restricciones impuestas.
El Gobierno de Kenia prohibirá la entrada a edificios estatales, así como a restaurantes, hoteles y transportes colectivos, para todas las personas no vacunadas contra el coronavirus a partir de hoy, anunció el Ministerio de Sanidad.
Según la secretaria administrativa jefe del Ministerio de Sanidad keniano, la doctora Mercy Mwangangi, las autoridades sanitarias desplegarán a sus trabajadores en las calles para garantizar el cumplimiento de esta normativa y supervisar su implementación.
Además, "todos los organizadores de eventos, los proveedores de servicios y los funcionarios del Gobierno deben garantizar la implementación de nuestros protocolos", dijo Mwangangi en una rueda de prensa celebrada en Nairobi a última hora del miércoles.
Mwangangi aseveró que, si bien la vacuna contra la COVID-19 no es obligatoria en Kenia, "quienes deseen disfrutar del privilegio de interactuar con el resto de la comunidad deben vacunarse".
A partir de ahora, según esta normativa, las personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus no podrán acceder a las oficinas y hospitales públicos, entre otros edificios estatales, así como a cualquier empresa que atienda a más de 50 clientes al día.
Duras medidas
Las prohibiciones también se extienden a los medios de transporte colectivos, incluidos autobuses, taxis, mototaxis y vuelos nacionales e internacionales, así como al acceso a hoteles, bares, restaurantes y espacios naturales protegidos.
Además, los turistas extranjeros que viajen a Kenia deberán presentar su certificado de vacunación a su llegada al aeropuerto.
Estas restricciones, avanzadas por primera vez en noviembre por el Ministerio de Sanidad, han sido objeto de varias polémicas en el país e incluso el Tribunal Superior de Kenia ordenó su suspensión al menos hasta que finalice una audiencia sobre el caso en enero.
El juez Antony Mrima tomó esa decisión el pasado 14 de diciembre después de estudiar la demanda de un empresario local, Enock Aura.
Aura describió esta normativa como una grave violación de la Constitución keniana y presentó en el Tribunal Superior una petición urgente con el objetivo de evitar que el Estado negase servicios gubernamentales a los ciudadanos sin vacunar.
El Gobierno keniano, pese a ello, decidió seguir adelante con la normativa (EFE)
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