Polémica en Argentina por excarcelaciones de unos 1 300 presos por riesgo de la COVID-19

El arresto domiciliario que recibieron más de mil presos por pertenecer a grupos de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus en Argentina genera un amplio debate por el rechazo de familiares de víctimas y la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de iniciar juicio político a los magistrados que lo avalen.

La salida de los presos de la cárcel desata preocupación tanto en las autoridades como en la sociedad y en la redes se multiplicaron las convocatorias a un "cacerolazo" este jueves en repudio al accionar judicial.

El presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, avaló días atrás el beneficio para los reclusos en grupos de riesgo porque "la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio puede darse con mucha facilidad" y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas" para estos casos.

Hasta el momento, se estima que en todo el país cerca de 1.300 presos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia de la COVID-19, en el marco de un sistema carcelario con superpoblación y en el que gran parte de los reclusos debe pagar sus condenas en condiciones de hacinamiento.

Pero la prisión domiciliaria de los reclusos, que protagonizaron ya en los últimos días varios motines violentos en las cárceles en reclamo de este beneficio, medidas sanitarias y otras demandas, divide al oficialismo y levanta críticas de la oposición, al tiempo que familiares de víctimas y diversos colectivos reclaman a la Justicia que proteja a la sociedad.

La agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio, el colectivo Actrices Argentinas y entidades feministas también rechazaron que se otorgue el arresto domiciliario a "aquellas personas que ya han demostrado que son peligrosas para la sociedad". (Con información de EFE)