por Agencia EFE
·La familia de las víctimas tuvo la opción de perdonar al acusado o aceptar una compensación económica, pero rechazó ambas alternativas e insistió en la aplicación de la pena de muerte.
El régimen talibán de Afganistán ejecutó el martes a un hombre en un estadio deportivo de la provincia oriental de Khost, condenado por el asesinato de trece miembros de una misma familia, en una nueva aplicación de la estricta ley islámica.
El castigo se aplicó bajo el principio de qisas, una figura de la ley islámica que contempla la retribución proporcional del daño causado. Según el Tribunal Supremo afgano, se trata de la undécima ejecución pública desde el regreso de los talibanes al poder en 2021.
"Hoy, en la provincia de Khost, la sentencia de qisas fue llevada a cabo contra el individuo que, hace aproximadamente diez meses, mató misteriosamente a trece miembros de una sola familia en los distritos de Alisher y Terezai de la provincia", indicó en X el portavoz del gobernador provincial de Khost, Mostaghfar Gurbaz.
El Supremo señaló que "el caso fue examinado muy precisa y repetidamente por tres tribunales del Emirato Islámico (Primario, de Apelación y Tamiz) en diferentes maneras".
La corte indicó que el veredicto además fue remitido al líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, para su aprobación final y afirmó que "después de que maulaví Hibatullah Akhundzada también realizara una investigación extraordinaria sobre este caso con la cautela final", este aprobó la implementación del castigo.
La familia de las víctimas tuvo la opción de perdonar al acusado o aceptar una compensación económica, pero rechazó ambas alternativas e insistió en la aplicación de la ejecución, añadió la nota.
La ejecución se realizó ante funcionarios judiciales y locales, líderes tribales, eruditos religiosos y numerosos residentes, y fue supervisada por una delegación encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani.
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Más condenados a muerte
El comunicado añadió que en este caso otras dos personas también han sido sentenciadas, pero su ejecución fue aplazada porque algunos familiares de las víctimas residen en el extranjero y no estaban presentes.
Las ejecuciones públicas han sido repetidamente criticadas por organizaciones de derechos humanos desde su reactivación, tras la toma de Kabul por los fundamentalistas.
Este martes, el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, condenó la decisión y reiteró que "las ejecuciones públicas son inhumanas, un castigo cruel e inusual y contrarias al derecho internacional", instando a que fueran detenidas.
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