Según la acusación, estos directivos disponían mucho antes de la catástrofe informaciones que daban cuenta de un riesgo de tsunami superior a las capacidades de resistencia de la central, pero no actuaron.
Tres exdirigentes de la compañía Tepco fueron absueltos este jueves por el tribunal de Tokio, que juzgó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami de 2011.
"Los acusados son todos inocentes", declaró el juez al leer el veredicto. "¡Increíble!", exclamó entonces una persona entre el público.
El juez prosiguió: "Las deliberaciones se basaron en el hecho de saber si había existido algún nivel de predicción" del gigantesco tsunami para definir la acusación de negligencia que provocó la muerte.
El centenar de personas que estaban en el público se quedó entonces en silencio, igual que los tres acusados.
Para el presidente del consejo de administración de Tokyo Electric Power (Tepco) en el momento del drama, Tsunehisa Katsumata (de 79 años), y los dos exvicepresidentes Sakae Muto (69 años) e Ichiro Takekuro (73 años) se solicitaban cinco años de prisión.
Según la acusación, estos dirigentes disponían mucho antes del drama informaciones que daban cuenta de un riesgo de tsunami superior a las capacidades de resistencia de la central, pero no actuaron en consecuencia.
Estos tres antiguos responsables del operador de la central nuclear de Fukushima Daiichi, devastada por el tsunami del 11 de marzo de 2011, son las únicas personas juzgadas por ese siniestro, el segundo peor accidente nuclear de la historia, por detrás de Chernóbil (Ucrania), en 1986.
Los tres dirigentes eran juzgados por la muerte de 44 pacientes del hospital de Futaba, situado a pocos kilómetros de la central, durante su evacuación de emergencia en condiciones extremas. La situación resultó mortal para estos enfermos, de avanzada edad.
Los fiscales se habían negado en dos ocasiones a iniciar un procedimiento judicial contra los dirigentes de Tepco, argumentando que no había suficientes elementos para ello. Pero en un examen del caso realizado en 2015 por un panel de ciudadanos (un procedimiento poco utilizado en Japón) se optó por un proceso penal. (AFP)
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