La trágica historia del poco conocido pueblo indígena de Japón que lucha contra décadas de exclusión

Moradores del norte de Japón desde hace milenios, el pueblo ainu ha tenido que esperar más de un siglo de discriminación y asimilación forzada para ser legalmente reconocidos como indígenas en una ley que esta comunidad tachó hoy de "vacía". El Gobierno nipón aprobó a mediados de febrero una normativa que incluye por primera vez el reconocimiento expreso como indígena de esta comunidad de fisionomía similar a la esquimal y cultura e idioma propios, que se siente tratada como una atracción turística.

"Es una ley deplorable (...). Para mí sólo es una resolución vacía que no refleja los intereses de los ainu", dijo la semana pasada Yuji Shimizu, de 78 años, presidente de la Asociación Ainu Kotan. Shimizu compareció en Tokio junto a Satoshi Hatakeyama, de 77 años y presidente de la Asociación de ainu de la ciudad de Monbetsu (norte del país), para denunciar la legislación, pedir su retirada y una revisión con la participación de su pueblo. Las medidas que contempla la nueva ley "no son más que una estrategia para sacrificar o explotar a los ainu actuales como un mero recurso turístico", opina Shimizu

El proyecto del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, quiere potenciar "la promoción regional, la industria y el turismo", e incluye la apertura de un museo y parque nacional sobre los ainu en la localidad de Shiraoi (norte) en abril de 2020. "Ningún artículo menciona los derechos de los indígenas (...) y tengo serias dudas sobre el sistema de financiación que se propone", denuncia el japonés, que considera al texto "palabras vacías".

Historia de exclusión

Los ainu han vivido durante milenios principalmente en la isla de Hokkaido, en el norte del país, y en otras áreas de esa zona tales como los archipiélagos de las Kuriles y la isla de Sakhalin. La política de asimilación promovida en 1899 por el Gobierno de Tokio tras la Restauración Meiji forzó a los ainu, tradicionalmente discriminados dentro de la homogénea sociedad nipona, a integrarse con los japoneses en ciertas zonas y a abandonar sus costumbres.

Se les privó de libertad para pescar y cazar (pilares de su forma de vida tradicional), se construyeron colegios específicos para educarlos en el idioma y la cultura japoneses y se les impusieron restricciones sobre la propiedad de la tierra, algo considerado una forma encubierta de expropiación. Estas personas constaron en los registros como "exainu" hasta que entró en vigor la actual Constitución de 1947, por lo que para evitar ser discriminados, muchos optaron por ocultar su origen y dejar de transmitir su cultura hasta casi caer en el olvido.

La población ainu, que en su idioma significa "ser humano", era de 13.118 personas en Hokkaido en 2017, cuando el gobierno regional hizo su último censo. Shimizu cree que la cifra real podría ser diez veces mayor, puesto que la autocensura dejó a muchos descendientes en la ignorancia. "Espero que puedan ver el auténtico carácter de esta ley", dice Hatakeyama. Pescador durante toda su vida, a este ainu le gustaría ver "la materialización de los derechos inherentes de los indígenas, como es el derecho a pescar, a cosechar...", que les fueron arrebatados durante ese oscuro episodio de la historia japonesa.

“Negarles la existencia”

"El problema es que el Gobierno niega la existencia de los 'kotan'", explica el abogado Morihiro Ichikawa, el nombre que reciben en idioma ainu sus asentamientos o aldeas. "La ley dice que los 'kotan' no existen en la era moderna. Puesto que la vida aborigen es una vida en grupo, negar la existencia de los 'kotan' es lo mismo que negar la vida indígena de los ainu", explica el letrado, que dice que la razón de la desaparición de estos lugares fue precisamente la política de asimilación.

"Al permanecer en silencio sobre la historia de los ainu, el Gobierno está justificando esa política. Esta nueva ley no habla sobre los derechos de los aborígenes, esta normativa es la consumación de la política de asimilación", sentencia Ichikawa. La nueva normativa aún debe ser aprobada por el parlamento japonés para entrar en vigor, aunque es previsible que así sea debido a la amplia mayoría de la coalición de Gobierno liderada por el primer ministro Shinzo Abe.

EFE