Las protestas en Santiago continuaron pese al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN BERNETTI

Chile vive una de las mayores protestas sociales en décadas desde el último viernes, las cuales se han visto impulsadas por la desigualdad social crónica, bajas pensiones, alzas en las tarifas del Metro, la electricidad, los costos de la salud; sonados casos de corrupción en la Policía y el Ejército y una creciente criminalización del movimiento estudiantil.

Pese a que su política macroeconómica es una de las más elogiadas y cuentan con el ingreso per cápita más alto de América Latina (superior a 20,000 dólares), Chile continúa como uno de los países con la mayor desigualdad social de la región.

Desigualdad

Las recientes protestas responden a la fractura social entre una robusta clase alta, concentrada en una veintena de familias, y el resto de la población que hasta el momento se conformó con el acceso al consumo mediante un alto endeudamiento.

Así lo demuestran las redes sociales como Twitter, donde #Chiledesperto se convirtió en tendencia este sábado, uniendo miles de mensajes que reflejan la rabia de la ciudadanía contenida durante años.

“Hay cada vez más personas que independientemente del nivel de ingresos se siente fuera del pacto social”, dijo a la AFP el analista político de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.

Cientos de manifestantes se enfrentaron a los carabineros en el centro de Santiago. | Fuente: AFP

Desigualdad en pensiones

Uno de los principales motivos de la protesta, es el sistema de pensiones-una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue pionero en establecer la capitalización absolutamente individual de los trabajadores, algo elogiado por los neoliberales.

En su mayoría, las pensiones se ubican por debajo del sueldo mínimo, que ronda los 400 dólares, mientras las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que acumulan millonarias ganancias cada año, indignan a los chilenos.

En 2018, el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso una reforma al sistema para establecer el aporte del 4% del salario por parte del empleador, por años excluidos del sistema.

En tanto, las “evasiones masivas” coordinadas en el Metro de Santiago a través de las redes sociales en la última semana, que desembocaron en las violentas protestas del viernes, fueron en rechazo al aumento en la tarifa de la hora punta, que subió 30 pesos chilenos y se ubica actualmente en US$ 1,17.

El presidente Piñera dispuso la salida del Ejército. | Fuente: AFP

Alzas en servicios básicos

Sin embargo, el alza del Metro, que transporta a diario a tres millones de personas, se sumó a otras alzas que la ciudadanía rechaza.

A principios de octubre, el Gobierno incrementó 10.5% las tarifas de luz y hasta el momento no ha logrado una baja en el valor de los medicamentos, que se mantienen como los más altos de la región.  Mientras que su sistema de salud privado cubre solo el 60% del valor de las prestaciones, deja afuera a ancianos y es tres veces más caro para las mujeres.

Corrupción en instituciones

Las escaladas en los casos de corrupción, en una sociedad que años atrás se vanagloriaba de su transparencia, representan otro polo de descontento social.

Instituciones hasta ahora incuestionables, como el Ejecutivo y la Policía -acusada de desviar casi 40 millones de dólares desde 2006- están sometidas a sendos procesos por corrupción, que en el caso del Ejército tiene procesados a dos de sus últimos comandantes en jefes.

La justicia ha perseguido también a algunas empresas, como la papelera CMPC, que acordó el pago de una gigantes compensación tras aceptar coludirse con otros compañías para subir el valor del papel higiénico.

Criminalización 

Fortalecido en 2011 gracias a multitudinarias manifestaciones callejeras que pusieron a temblar al primer gobierno de Piñera (2010-2014), el movimiento estudiantil de Chile denuncia una campaña para desprestigiar su lucha.

El gobierno logró aprobar en el Congreso una ley que permite expulsar de los colegios a aquellos estudiantes involucrados en desórdenes graves y busca ahora aprobar una normativa para establecer un control preventivo de identidad desde los 14 años. AFP

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