El presidente de EE. UU. ha justificado el mayor despliegue militar en décadas en Latinoamérica como una maniobra para combatir a los carteles de narcotráfico, delito del que acusa al presidente venezolano como uno de los principales responsables. No obstante, las acciones paralelas de Washington dejan ver que su presencia en el Caribe no solo obedece a una política antidroga. A continuación, hacemos un repaso por otras motivaciones expuestas por Washington.
Estados Unidos inició desde el pasado agosto el mayor despliegue naval en el Caribe desde 1989, que desde el pasado septiembre ha estado acompañado de más de 20 ataques contra supuestas narcolanchas, en las que ha matado a más de 90 personas.
Para noviembre, escaló la ofensiva con el relanzamiento de la denominada 'Operación Lanza del Sur', que ya había sido anunciada desde el 28 de enero de 2025.
La fase inicial del despliegue —con tres buques de guerra, un submarino de ataque, 4.000 soldados—, ha estado seguida del despliegue del Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, mientras la Casa Blanca acusa a las embarcaciones atacadas en ultramar de transportar droga.
Sin embargo, la Administración Trump no ha revelado la identidad de ninguno de los casi 90 fallecidos en la detonación de las lanchas, ni tampoco pruebas que demuestren el cargamento de las mismas.
Por uno de estos bombardeos, el Congreso de Estados Unidos ha abierto una investigación por un supuesto crimen de guerra, después de que se revelara que el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, presuntamente habría ordenado rematar a dos sobrevivientes de uno de los primeros ataques, mientras se aferraban a los pedazos flotantes de una embarcación embestida.
Presidentes de la región como el colombiano, Gustavo Petro, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han calificado estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales". Instituciones como Human Rights Watch, Amnistía internacional y Naciones Unidas han mostrado su rechazo contra las operaciones y planteado dudas sobre su legalidad.
Drogas
Mientras el Gobierno chavista, afirma que el objetivo detrás de la operación es sacar a Nicolás Maduro del poder, EE. UU. evita señalar esa posible motivación de forma directa. Sin embargo, y al mismo tiempo que su Ejército ejecuta los ataques por mar y sobrevuela cerca al espacio venezolano, el mandatario Donald Trump ha remarcado que Nicolás Maduro "tiene los días contados", como lo declaró en una entrevista con 'Politico', emitida el pasado 9 de diciembre.
Como respaldo a sus acciones militares, la Administración Trump ha dado varios pasos más: declaró que EE. UU. se encuentra en una situación de "conflicto armado" con los carteles de droga, en medio de su estrategia para evitar que esos movimientos sean primero aprobados por el Congreso de su país. Y sostuvo que solo pediría autorización del Legislativo en caso de una incursión terrestre.
La Constitución de Estados Unidos establece en el Artículo 1, Sección 8, que la declaratoria de guerra corresponde exclusivamente al Congreso. Para ello, tanto la Cámara de Representantes como el Senado deben aprobar una resolución. La última declaración oficial al respecto data de 1942.
Pero Trump ha escalado sus acciones contra los carteles de droga, que considera "objetivos legítimos", al designarlos como "organizaciones terroristas". Así clasificó a los grupos venezolanos Tren de Aragua y al llamado Cartel de los Soles, al que vincula a Maduro como su supuesto líder. Caracas niega esas acusaciones. Además, Washington aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite la captura de Maduro.
Si bien Washington no ha indicado directamente que su operación en el Caribe apunte específicamente a Maduro como presidente, sí implica una amenaza tácita para él bajo la denominación de supuesto capo de la droga. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al propio Maduro de cargos de "narcoterrorismo" en 2020, durante el primer mandato de Trump. Calificativos que actualmente son repetidos por el mandatario y su actual secretario de Estado, Marco Rubio.
Bajo este panorama, el pasado 13 de diciembre el mandatario sostuvo que los ataques "por tierra" contra narcotraficantes "van a empezar a suceder", aunque señaló que no apuntaría solo a Venezuela.
“Hemos eliminado el 96 % de las drogas que llegan por mar. Y ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder (...) No tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país las que son el objetivo”, sostuvo.
La tensión ha salpicado a Colombia y México —también gobernadas por presidentes progresistas—, después de que el republicano se mostrará abierto a extender las operaciones militares en estas naciones.
El presidente estadounidense recordó en su anuncio que "el régimen venezolano fue designado como una organización terrorista internacional", como justificación de la nueva medida contra el país, que posee las mayores reservas petroleras del mundo. En Miraflores, tacharon la "amenaza" de "irracional" y "grotesca".
"El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", afirmó el Gobierno venezolano en un comunicado emitido la noche del martes.
Pero las declaraciones de Trump y Maduro, las operaciones paralelas al despliegue en el Caribe y la renovada política exterior de Washington ponen en relieve otros motivos más allá de la lucha contra el narco.
Petróleo
Donald Trump, quien bajo su primer mandato decretó el embargo total al petróleo venezolano y congeló todos los bienes del Gobierno de Maduro, abrió el pasado 10 de diciembre un nuevo capítulo de su despliegue en el Caribe con la interceptación de un buque petrolero venezolano, al que acusó de transportar crudo sancionado.
El barco, que navegaba con una bandera de otra nación para evitar ser detectado, transportaba dos millones de barriles de crudo pesado de la empresa estatal venezolana PDVSA. Anteriormente, el navío estuvo vinculado con el contrabando de petróleo iraní, también sancionado por Washington.
Con esta justificación, un escuadrón estadounidense descendió por cuerda desde varios helicópteros, antes de hacerse con el control de la embarcación, en una operación conjunta entre el FBI, la Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el letal portaaviones Gerald R. Ford.
Las medidas que apuntan al petróleo venezolano escalaron el martes 16 de diciembre, cuando Trump anunció un bloqueo "total y completo" naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela. En una publicación en su plataforma Truth Social, agregó que la flota estadounidense en el Caribe "solo seguirá creciendo" hasta que Venezuela devuelva "a Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron". Washington no ha mostrado pruebas del presunto hurto del que acusa a Caracas.
El líder republicano asegura que Venezuela está utilizando el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Y la incautación de petroleros del país latinoamericano promete aumentar. Según un reporte del portal estadounidense de noticias 'Axios', alrededor de 18 barcos cargados de petróleo y en aguas venezolanas se encuentran bajo vigilancia de las fuerzas de EE. UU. y serían incautados una vez lleguen a espacio internacional.
En la Casa Blanca podrían ver en un eventual cambio de régimen una oportunidad para abrir inversiones en Venezuela, según las palabras de María Corina Machado, quien, meses antes de recibir el Premio Nobel de Paz, habló de la transición política en Venezuela como “una oportunidad de 1,7 billones de dólares”.
"Vamos a abrir todo: upstream, midstream, downstream, a todas las empresas”, expresó Machado, simpatizante de Trump, en referencia a procesos de la cadena extractiva de gas y petróleo.
Algunas empresas occidentales, como la estadounidense Chevron CVX.N, que cuenta con una licencia especial, siguen activas en Venezuela. Sin embargo, la industria del país se ha rezagado, con una producción baja para el tamaño de sus reservas. Años de sanciones también han impedido que el país atraiga inversiones y obtenga los equipos y repuestos que necesita.
Doctrina Monroe
El Gobierno de Donald Trump presentó el pasado 5 de diciembre su nueva Estrategia de Seguridad Nacional que introdujo cambios significativos en las prioridades de Washington en política exterior.
El documento pregona el resurgimiento de la Doctrina Monroe del siglo XIX, por la cual Estados Unidos impulso su hegemonía en América Latina —a la que consideraba su "patio trasero"— frente a los gobiernos europeos.
Entrado el siglo XXI, la amenaza más inminente para EE. UU., según la retórica trumpista, ha pasado a ser China, aliado histórico de Venezuela y principal comprador del crudo de Caracas.
El texto presentado por Washington revela que Estados Unidos "negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales".
David Smilde, experto en Venezuela de la Universidad de Tulane, explicó a la agencia de noticias Reuters que "la idea de que existe este país (Venezuela), con petróleo, minerales y tierras raras en nuestro hemisferio y cuyos principales aliados son China y Rusia, es algo que realmente no encaja en la visión del mundo de Trump".
Similitudes y diferencias con el derrocamiento de Noriega
La 'Operación Causa Justa', con la que Estados Unidos lanzó una intervención militar en 1989 en Panamá para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, es el antecedente más próximo del despliegue militar que hoy ejecuta Washington en el Caribe.
Unas 26.000 tropas estadounidenses atacaron entonces instalaciones militares en Ciudad de Panamá y Colón. Después de 13 días y 500 muertos, Noriega se rindió en la Nunciatura Apostólica.
El paralelismo entre la operación en Panamá y la amenaza contra Venezuela se antoja atractiva: ambas tienen la figura del presidente autoritario acusado por Washington de narcotráfico, al mando de un país con una importancia geopolítica esencial para EE. UU. –antes por el Canal de Panamá y ahora por la remasterización de la Doctrina Monroe–.
Sin embargo, existen diferencias notables entre ambas situaciones, una de ellas es el contexto global, dado que la Guerra Fría terminó —con la disolución de la Unión Soviética, dos años después de la caída de Noriega—, por lo que la retórica antisoviética en la que se amparaba Estados Unidos para ejercer influencia en la región ya ha caducado.
Además, el material probatorio contra Noriega por sus vínculos con el narcotráfico incluía desde registros financieros hasta el testimonio de hombres que habían operado vuelos con drogas o blanqueado dinero del narcotráfico en Panamá.
Uno de los testigos más recordados del caso fue Ricardo Bilonick, un antiguo diplomático panameño que fungió como intermediario para el Cártel de Medellín, quien confesó que la organización criminal colombiana sobornó a Noriega con 10 millones de dólares para que permitiera el transporte de cocaína a través de Panamá hacia Estados Unidos. Con ba
Maduro y su Administración niegan la existencia de dicho cártel, presentándolo como una "narrativa" infundada. Y algunos expertos recalcan que no se trata de una estructura de narcotráfico en sí misma, sino una alianza informal de funcionarios corruptos que se han enriquecido con el contrabando de drogas y recursos naturales a través de puertos venezolanos.
Sobre qué ocurrirá a continuación, Trump ha indicado que, una vez que Estados Unidos tome el control del espacio aéreo y los mares que rodean Venezuela, solo quedaría pasar a una acción por tierra.
Pero fiel a su estilo impredecible ha dado giros en sus declaraciones, en la entrevista con 'Politico' del pasado 9 de noviembre, Trump se rehusó a confirmar o descartar una operación terrestre en Venezuela, pese a que ya había amenazado abiertamente a Caracas con esa acción.
EE. UU. no ha aclarado si todas estas razones–esbozadas por su propio Gobierno–están enlazadas para apuntar a un solo objetivo: Nicolás Maduro. O, si en realidad está dirigida a una razón distinta al líder chavista.