La máxima autoridad judicial de Bolivia descartó que se hubiera producido un "vacío de poder" ya que los titulares del Senado y de Diputados seguían en funciones cuando Jeanine Áñez asumió la presidencia interina.
El Tribunal Constitucional de Bolivia determinó que la autoproclamación de la ahora reclusa Jeanine Áñez no se ajustó a la legalidad y descarta que se hubiera producido un "vacío de poder" tal y como la oposición sostuvo para hacerse con el poder de manera ilícita.
En una resolución del 29 de septiembre que se hizo pública este viernes, el Tribunal Constitucional explica que tal "vacío de poder" no se produjo ya que los titulares del Senado y de Diputados seguían en funciones puesto que sus renuncias no habían sido abordadas aún en las respectivas cámaras.
La sentencia hace referencia a un recurso presentado por la entonces diputada de Unidad Demócrata (UD) Margarita del Carmen Fernández Claure, contra quienes eran los presidentes y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, dos días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia.
No hubo vacío de poder
La sentencia ahonda que en el caso de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, su renuncia "surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión".
"No existe la figura de 'vacío de poder' para justificar el incumplimiento a este requisito legal", zanja el texto al que tuvo acceso el diario boliviano La Razón.
De acuerdo con el Constitucional solo correspondía una sucesión 'ipso facto' a las presidencias de ambas cámaras. Jeanine Áñez asumió de manera unilateral el control de la Asamblea Legislativa sin contar con el aval parlamentario ni del Senado, para a continuación utoproclamarse presidenta de Bolivia, mientras Evo Morales renunciaba acosado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas.
Jeanine Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, dentro del caso Golpe de Estado, que investiga a los responsables de la crisis política tras las elecciones de 2019 en las que Morales salió vencedor entre acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición.
(Europa Press)
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