Ecuador: confederación indígena logra instaurar gran "asamblea popular" en medio de protestas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas contra el Gobierno por la carestía de la vida, convocó este viernes a una "asamblea popular" para escuchar las posturas, peticiones y propuestas de distintos sectores sobre la situación del país.

La reunión se instaló en el décimo segundo día de protestas con miles de participantes en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta donde ingresaron el jueves después de que el Gobierno abriese esa posibilidad, precisamente para que se desarrolle la asamblea.

El ingreso de los manifestantes a este lugar para instaurar la "asamblea popular" era una de las condiciones puestas por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, para abrir paso a un diálogo con el Gobierno, junto a derogar el estado de excepción vigente en seis provincias y garantizar que se abordarán todas sus demandas.

Ecuador quiere paz

"El Ecuador quiere paz, Ecuador necesita una salida inmediata a este conflicto. Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura", dijo el jueves el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un mensaje grabado en video.

De esta manera -añadió- podrán llevar a cabo "su asamblea con orden y bajo su responsabilidad" en el ágora de la Casa de la Cultura, que desde el pasado domingo se encontraba tomada por las fuerzas de seguridad, lo que el lunes causó varios disturbios y enfrentamientos cuando los manifestantes querían aproximarse a ella.

Los manifestantes ocuparon inmediatamente el jueves el ágora, pero poco después en los alrededores ocurrieron intensos enfrentamientos con la Policía, en una jornada en la que falleció una persona y varias resultaron heridas.

Los disturbios se centraron en el parque El Arbolito (junto al ágora) que ya fue el epicentro de la ola de protestas de octubre de 2019, también liderada por el movimiento indígena contra la eliminación de los subsidios a los combustibles y que se saldó a nivel nacional con una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos.

Destitución presidencial en debate

En las primeras intervenciones de representantes de distintas organizaciones sociales en la "asamblea popular" se escuchó el reclamo por el alto costo de la vida y en más de una ocasión corearon "Fuera, Lasso fuera".

El presidente Guillermo Lasso, que despacha desde la sede del Ejecutivo, situada en el centro histórico de Quito, distante a unos diez minutos a pie del ágora, ha accedido parcialmente a algunos pedidos de los indígenas, por lo que ha señalado que no se elevará el costo de los combustibles de mayor consumo, y ha ofrecido condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, entre otros.

"No queremos más confrontación, hemos cedido porque nuestra intención es el diálogo por la paz", señaló una imagen que Lasso colgó este viernes en su cuenta de Twitter y en la que se aprecia a personas que participaron en una marcha por la paz con banderas blancas y de Ecuador.

El gobernante ha aceptado participar en un diálogo propuesto por más de 300 organizaciones sociales, que están a la espera de la respuesta de Iza.

Postura del correísmo

En paralelo, los 47 legisladores afines al expresidente Rafael Correa se han pronunciado por la necesidad de adelantar las elecciones, de acuerdo con lo que establece el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, que posibilita al Parlamento destituir al gobernante "por grave crisis política y conmoción interna".

Si prospera la petición de los correístas, en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido por la Ley, la Asamblea Nacional resolverá "motivadamente con base en las pruebas presentadas" por el gobernante.

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. De prosperar la destitución, el vicepresidente asumirá la Presidencia.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de la destitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaría para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. (EFE)