En total serán investigadas 66 personas vinculadas al caso Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva será investigado por el Supremo Tribunal de Brasil como presunto integrante de un "grupo criminal" que orquestó el masivo desvío de fondos de Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia del país.
En total serán investigadas 66 personas vinculadas a tres formaciones: el Partido Progresista (PP), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Michel Temer, y el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula.
Divisiones del caso. La investigación del PMDB del presidente Michel Temer fue desmembrada en dos núcleos: uno que analizará la actuación del partido en la Cámara de los Diputados y otro que indagará la articulación de algunos de los políticos de esta formación en el Senado. Entre sus investigados figura el actual presidente del Senado Renan Calheiros.
En el caso del PT, la lista de sospechosos incluye a Lula y a varios ministros de su gobierno (2003-2010) y de su destituida sucesora Dilma Rousseff, con el fin de desenredar una trama urdida para "mantenerse en el poder".
El caso Petrobras. El magistrado Teori Zavascki aceptó la petición realizada por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien había solicitado la división de la investigación central para tener un "mayor control y percepción de la realidad criminal".
"Algunos miembros de determinados gremios se organizaron internamente, valiéndose de sus partidos y con una estructura jerarquizada, para cometer prácticas espurias", dijo Janot en su solicitud. De acuerdo con el procurador, miembros del PP, PMDB y PT colocaron a "determinadas personas" en puesto clave de Petrobras, lo que permitió la "manutención e implementación del proyecto criminal".
La investigación Lava Jato es el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, en el que políticos, empresarios y funcionarios de Petrobras se confabularon para cometer fraudes en contratos entre la estatal y un grupo selecto de constructoras, con el objetivo de desviar dinero hacia partidos políticos. (Con información de EFE).
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