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por Redacción RPP
·La investigación sobre la asonada de enero de 2023 en Brasil llegó al núcleo más duro de la ultraderecha y al propio expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le prohibió salir del país y se le intimó a entregar su pasaporte.
La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves 8 de febrero la operación "Tempus Veritatis" contra varios aliados cercanos al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por intentar un golpe de Estado en el año 2023 para mantener al líder ultraderechista en el poder y derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Qué se sabe al respecto?
¿Qué buscaba el operativo?
La Policía Federal brasileña cumplió 33 órdenes de allanamiento (registro) y 4 de prisión preventiva, y además impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos en una decena de estados de Brasil contra la trama golpista, que buscó antes y después de las elecciones de 2022 mantener en el poder a Jair Bolsonaro, según la investigación.
Ordenada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, la operación involucra a generales, como Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que también integraron el gabinete del exmandatario, y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.
También fueron objeto de búsquedas el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
Hasta ahora hay tres personas detenidas, según la prensa: un exasesor para asuntos internacionales de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, y dos militares del Ejército.
Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas
Según el juez Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación, el operativo se refiere, "específicamente", a hechos vinculados con "un intento de Golpe de Estado y abolición violenta del Estado de Derecho", asociado a lo ocurrido el 8 de enero de 2023.
En esa fecha, ocho días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, miles de ultras asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado exigiendo que los militares derrocasen al Gobierno progresista.
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Una conspiración anterior
La investigación, sin embargo, abarca hechos anteriores a ese día y contempla la sospecha de que los involucrados discutieron, antes de la toma de posesión de Lula da Silva en Brasil, dictar un decreto anulando las elecciones que ganó el líder progresista para mantener a Jair Bolsonaro en el poder.
El borrador de ese supuesto decreto planteaba además detener a dos magistrados del Supremo y al presidente del Senado y habría sido analizado directamente por el propio Jair Bolsonaro cuando aún ejercía la Presidencia, según el despacho del juez.
Todo eso ocurrió en el marco de una difusión masiva de noticias falsas sobre un posible "fraude en las elecciones", cuyo objetivo final era "legitimar una intervención de las Fuerzas Armadas" y concretar un golpe de Estado en Brasil.
De Moraes identificó, en lo que califica de presunta "organización criminal", varios "núcleos de actuación", entre ellos uno dedicado a promover la idea de una ruptura institucional entre los militares.
Entre los responsables estarían el exministro de Seguridad de la Presidencia, general Augusto Heleno, y dos extitulares de Defensa: los generales Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, en la época candidato a vicepresidente en la fórmula de Jair Bolsonaro.
Todas esas articulaciones, según las sospechas, comenzaron en realidad antes de las elecciones de octubre de 2022, cuando ya todas las encuestas vaticinaban una victoria de Lula da Silva.
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Bolsonaro se mantiene en silencio
El juez Alexandre de Moraes ordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, en el marco de la operación policial.
El exmandatario brasileño no se pronunció sobre la operación, pero sí su abogado, Fábio Wajngarten, quien se limitó a anunciar en las redes sociales que, "en cumplimiento" de la orden judicial, el líder de la ultraderecha entregó el pasaporte a las autoridades competentes".
Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y líder de la extrema derecha brasileña, ya estaba siendo investigado en el Supremo por "incitar" a sus seguidores a invadir y destrozar las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Congreso el 8 de enero de 2023, en un intento por derrocar al Gobierno de Lula da Silva.
"Que se aplique el rigor de la ley"
En el momento del operativo policial, Lula da Silva daba una entrevista a una radio. En su primera reacción declaró que "es muy difícil para un presidente comentar asuntos que están bajo secreto judicial" y pidió que "no haya excesos y que se aplique el rigor de la ley".
Sin embargo, no se contuvo y dijo creer que Jair Bolsonaro "debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe", que "no hubiera ocurrido" sin su participación.
Aún así, consideró que es necesario "esperar" el resultado de la investigación y subrayó: "El dato concreto es que hubo una tentativa de golpe, hubo una política de faltar el respeto a la democracia, una tentativa de destruir el proceso democrático, y esa gente tiene que ser investigada".
De las 2 170 personas detenidas por esos actos del 8 de enero en Brasil, hasta ahora 30 fueron condenadas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel. Un total de 66 continúan presas.
En enero, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Carlos, fue blanco de otra gran operación de la policía brasileña sobre una presunta trama de espionaje ilegal en favor del líder ultraderechista cuando estaba en el poder (2019-2022). (Con información de EFE y AFP)
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