Los enfrentamientos entre policías y estudiantes han dejado en solo tres meses más de 350 muertos. Incluso la Iglesia Católica que se ha ofrecido a ser la mediadora para el diálogo y la reconciliación, ha sido blanco de ataques.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que pidió al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acepte la propuesta que le hizo la Iglesia Católica de adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.
La iniciativa, impulsada por siete países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU.) y respaldada por México, "exhortó" al Ejecutivo nicaragüense a que "apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso del diálogo.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de este diálogo nacional, solicitó el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero, el pasado 7 de julio, el mandatario rechazó esa solicitud y pidió la no intromisión.
La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que tres (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas) votaron en contra y se registraron siete abstenciones, así como tres ausentes, entre ellos Bolivia.
En el texto, la OEA reitera su "enérgica condena y su grave preocupación" por los actos de violencia perpetrados por policías y paramilitares en Nicaragua y exige el "desmantelamiento de los grupos parapoliciales", que actúan con el consentimiento del Ejecutivo, según grupos humanitarios.
Hostilidad contra sacerdotes
En la resolución, la OEA expresó su condena al "hostigamiento" a los obispos que participan en el diálogo, así como a los "actos de violencia" contra unas oficinas de Caritas que fueron incendiadas y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), que se convirtió en centro de las protestas.
Las hostilidades se han incrementado en los últimos días con ataques como el de la UNAN y el ocurrido contra la ciudad de Masaya, lo que ha provocado la condena de países como Estados Unidos y organismos, como la Unión Europea (UE).
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron hace tres meses por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.
(Información de EFE).
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