La ONU denunció ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas en Venezuela

Una radiografía de la violencia estatal en Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntó este miércoles a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en este país.

"La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes", según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murieron 124 personas. Las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46: dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y "metras" (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.

Ejecuciones y desapariciones. La ONU ya adelantó el pasado 8 de agosto las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país. "El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial", recordó el organismo.

La ACNUDH ha registrado además "varios casos de desapariciones forzadas", una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados. Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5,051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1,383 personas. Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.

Torturas. En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según la ONU. El organismo asegura que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).

Varios detenidos recibieron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales. Un hombre fue esposado y suspendido de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción. Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se usaron descargas eléctricas. También se documentó el empleo de gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o aplicados directamente a las vías respiratorias de los detenidos para asfixiarlos. (EFE)