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por Redacción RPP
·El Instituto de Defensa Legal señala que la anulación de la sentencia obedece a presiones de la Marina de Guerra del Perú.
El tribunal supremo anuló la sentencia que condenó a 20 años de cárcel al comandante retirado de la Armada Andrés Egocheaga Salazar, por presiones de la Marina de Guerra, denunció en Lima el Instituto de Defensa Legal (IDL).
El organismo señaló que la anulación de la sentencia, que vuelve a cero un caso por violaciones a los derechos humanos, le fue confirmada por la relatora de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Susana Vera.
"El Instituto de Defensa Legal considera que esta resolución no es más que el resultado de las presiones e interferencia que la Marina de Guerra ha desarrollado durante todo el proceso judicial en su intento por que sus oficiales no sean investigados y sancionados por el Poder Judicial", remarcó el IDL en un comunicado.
Explicó que la sentencia condenatoria fue emitida en enero pasado por la Sala Penal Nacional, tras hallar culpable a Egocheaga de la muerte de Indalecio Pomatanta Albarrán, un joven de 17 años.
Una patrulla de la Marina de Guerra, dirigida por Egocheaga, llegó hasta la casa de Pomatanta en la selvática ciudad de Pucallpa, el 2 de abril de 1995, en búsqueda de una columna de Sendero Luminoso que había participado en un ataque armado.
Los militares golpearon a Pomatanta para que confesara su pertenencia a Sendero Luminoso y la ubicación de las armas que supuestamente se habían utilizado en el ataque, pero al no tener una declaración de su parte, le rociaron tres galones de gasolina en el cuerpo y le prendieron fuego.
El joven fue encontrado vivo por sus padres y llevado a un centro de salud, donde confirmaron que tenía quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo.
Pomatanta denunció a las autoridades y a la prensa que había sido quemado por los efectivos de la Marina, pero tres días después falleció como consecuencia de una infección por las heridas.
Posteriormente, la Marina de Guerra ofreció a los padres del fallecido 25.000 dólares como única compensación en una negociación extrajudicial, pero su familia rechazó la oferta y presentó la denuncia ante la justicia.
El IDL remarcó hoy que en el proceso judicial "se demostró la forma y circunstancias en que el oficial Egocheaga dirigió personalmente la operación militar", por lo que criticó la decisión de la Sala Penal Permanente, que preside el vocal Robinson Gonzáles.
Añadió que la nueva decisión obligará a iniciar un nuevo juicio oral, mientras que la Sala Penal Nacional, presidida por el juez Pablo Talavera, deberá decidir si procede la excarcelación del ex marino.
"Los familiares de Indalecio Pomatanta llevan 14 años en esta batalla legal", recordó el comunicado.
El caso de Pomatanta fue expuesto en las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2002 como un abuso a los derechos humanos cometido por fuerzas del orden durante el conflicto interno peruano (1980-2000).
EFE
El organismo señaló que la anulación de la sentencia, que vuelve a cero un caso por violaciones a los derechos humanos, le fue confirmada por la relatora de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Susana Vera.
"El Instituto de Defensa Legal considera que esta resolución no es más que el resultado de las presiones e interferencia que la Marina de Guerra ha desarrollado durante todo el proceso judicial en su intento por que sus oficiales no sean investigados y sancionados por el Poder Judicial", remarcó el IDL en un comunicado.
Explicó que la sentencia condenatoria fue emitida en enero pasado por la Sala Penal Nacional, tras hallar culpable a Egocheaga de la muerte de Indalecio Pomatanta Albarrán, un joven de 17 años.
Una patrulla de la Marina de Guerra, dirigida por Egocheaga, llegó hasta la casa de Pomatanta en la selvática ciudad de Pucallpa, el 2 de abril de 1995, en búsqueda de una columna de Sendero Luminoso que había participado en un ataque armado.
Los militares golpearon a Pomatanta para que confesara su pertenencia a Sendero Luminoso y la ubicación de las armas que supuestamente se habían utilizado en el ataque, pero al no tener una declaración de su parte, le rociaron tres galones de gasolina en el cuerpo y le prendieron fuego.
El joven fue encontrado vivo por sus padres y llevado a un centro de salud, donde confirmaron que tenía quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo.
Pomatanta denunció a las autoridades y a la prensa que había sido quemado por los efectivos de la Marina, pero tres días después falleció como consecuencia de una infección por las heridas.
Posteriormente, la Marina de Guerra ofreció a los padres del fallecido 25.000 dólares como única compensación en una negociación extrajudicial, pero su familia rechazó la oferta y presentó la denuncia ante la justicia.
El IDL remarcó hoy que en el proceso judicial "se demostró la forma y circunstancias en que el oficial Egocheaga dirigió personalmente la operación militar", por lo que criticó la decisión de la Sala Penal Permanente, que preside el vocal Robinson Gonzáles.
Añadió que la nueva decisión obligará a iniciar un nuevo juicio oral, mientras que la Sala Penal Nacional, presidida por el juez Pablo Talavera, deberá decidir si procede la excarcelación del ex marino.
"Los familiares de Indalecio Pomatanta llevan 14 años en esta batalla legal", recordó el comunicado.
El caso de Pomatanta fue expuesto en las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2002 como un abuso a los derechos humanos cometido por fuerzas del orden durante el conflicto interno peruano (1980-2000).
EFE
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