Columnista invitado | La responsabilidad del Estado es ofrecer universidades públicas de calidad

Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado
Profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería

No obstante haber dejado el 31 de diciembre el rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, me considero en el deber de seguir opinando sobre las cuestiones universitarias y otros ámbitos  de interés público en los que he tenido el honor de asumir responsabilidades.

Justificada preocupación en el ambiente académico han causado los proyectos de Ley   N° 6888 y 6890 presentados el 30 de diciembre por el congresista Rubén Ramos Zapana para otorgar una “segunda oportunidad” a las universidades privadas asociativas con licencia institucional denegada y declarar de “necesidad pública” a las universidades privadas que no cumplan o aprueben procedimientos de calidad educativa o no sean licenciadas.

Según el congresista, la obligación del Estado de ofrecer universidad pública gratuita y de calidad a todos los peruanos que teniendo capacidad postulen a ella para atender las necesidades de la sociedad, se convierte en necesidad de proteger a las universidades privadas. La tradición histórica del Perú es que, además de la universidad pública, puede haber universidades sin fines de lucro de la Iglesia Católica o de otras instituciones de bien social que desde hace décadas hacen aportes valiosos al país y no necesitan colgarse de salvaguardas estatales.

Hace un cuarto de siglo, el Gobierno autoritario del Sr. Alberto Fujimori promulgó el Decreto Legislativo 882 de privatización de la educación, renunciando a su obligación de ofrecer un sistema de universidad pública suficiente en cantidad y calidad. Esta política privatizadora, que también se aplicó a la salud, corresponde a la ola mundial privatizadora que tanto daño hace hasta el día de hoy en nuestro país. Ahora el congresista Ramos quiere profundizar estas políticas obligando al Estado a cargar con las universidades privadas que demuestren ser de mala calidad.

Además el congresista para justificar sus propuestas señala de manera muy errónea una supuesta crisis política en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-UNSA, cuando es al contrario, pues en el último lustro el rector, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, y la comunidad agustina han logrado notables éxitos que convierten a la UNSA en auténtica estrella de la universidad peruana.

Los jóvenes que salieron a las calles del 10 al 15 de noviembre tuvieron entre sus banderas principales la defensa de la calidad en la enseñanza universitaria y repudiaron con carteles y voces la pretensión del señor Antero Flores Araoz, abogado de estos negocios universitarios, de “darles una segunda oportunidad”, pero parece que el señor congresista ni los vio ni los escuchó.

Resulta que el señor Ramos Zapana, según los datos de su hoja de vida, ha sido profesor de la no licenciada Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, y, por lo tanto, debería  haber presentado su propuesta dejando en claro estos intereses personales. Como vocearon los jóvenes en sus marchas, los lobbies universitarios privados están muy representados en el Congreso.

Si de verdad se quiere favorecer a la juventud estudiosa, el camino es la calidad de la enseñanza universitaria ofrecida desde la universidad pública. Es preciso derogar el Decreto Legislativo 882 de privatización de la educación, por lo menos en lo referido a las universidades privadas con fines de lucro, que en su gran mayoría han sido ineficaces para resolver la ausencia de profesionales y académicos debidamente preparados.

Lamentablemente la Ley Universitaria 30220, por efecto de las negociaciones de último momento que hicieron posible su promulgación, deja en manos de los dueños todo lo referido a estas instituciones y se limita a autorizar la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria-SUNEDU para que les exija condiciones básicas de calidad como a las otras universidades. Pero ni siquiera esta mínima exigencia les ha parecido bien y han persistido en hacer tabla rasa con las exigencias de la Ley.

Cuando fui Presidente Fundador de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú-ANUPP, del 2016 al 2019, reclamé junto con decenas de rectores que se anularan las exoneraciones y subvenciones a las universidades privadas con fines de lucro, y que estos recursos se conviertan en fondo intangible para la investigación y el posgrado en las universidades públicas; reclamo que sigue siendo válido.

Espero que los propios jóvenes universitarios se encarguen de explicar al congresista Ramos el profundo error de su propuesta. Los jóvenes saben que es el Estado el obligado a ofrecer educación, no los privados. Si hay privados con espíritu de beneficencia que desean participar en la educación se trata de una actividad complementaria que no exime al Estado de su obligación.

No se entiende en qué sentido pretende el señor Ramos que la denegación de licenciamiento afecte al derecho de propiedad establecido en el artículo 70 de la Constitución, pues se trata simplemente de cautelar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. Más aun es incongruente sostener, como lo hace el congresista en la exposición de motivos de su proyecto 6890 que “no genera ningún costo al erario” pues en el mismo párrafo dice que “de producirse dicho evento (falta de cumplimiento de las normas por parte de la universidad privada) se produciría un beneficio a los estudiantes, puesto que el Estado asumiría su obligación de garantizar el acceso a la educación.

En otras palabras, pretende el proponente que en vez de dedicar suficientes recursos presupuestales a las universidades públicas, se ocupe de sostener a las privadas. Se necesita dar un segundo paso después de la Ley 30220 y establecer un plan de por lo menos 10 años para elevar a niveles de excelencia las universidades públicas y ampliar sustancialmente el número de vacantes y estudiantes. Naturalmente, la calidad y el crecimiento del sistema de la universidad pública no debe ser una propuesta demagógica, es decir sin financiamiento. Para incrementar la actual inversión del Estado en sus universidades es indispensable crear los impuestos necesarios.

El Perú necesita de un sistema universitario público que ofrezca universidades con calidad y cantidad acorde a las demandas de la sociedad que requiere graduados y posgraduados altamente calificados, y asimismo conocimientos avanzados. Con estos dos instrumentos, el Perú podrá atender derechos sociales de salud y educación, y también podrá mejorar la competitividad de la producción.