Contraloría: Perú pierde anualmente S/ 23 000 millones por corrupción e inconducta funcional

El contralor general Nelson Shack dijo que dicha cifra equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público del año pasado. A su juicio, esa situación debe impulsar cambios a los reglamentos para la ejecución de obras a fin de combatir la corrupción estructural.

Nelson Shack
El economista Nelson Shack es el titular de la Contraloría General de la República. | Fuente: Andina

La corrupción y la inconducta funcional siguen afectando a las labores del Estado y a todos los ciudadanos y, en el año 2019, ocasionaron pérdidas al país por aproximadamente 23 000 millones de soles, afirmó el contralor general Nelson Shack.

"El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados, sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema. Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y, solo en el 2019, se estima que esta ascendería a más de 23,000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado", indicó el titular de la Contraloría General de la República

Nelson Shack explicó que dicho monto equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público del año pasado, y esa situación debe impulsar, entre otros aspectos, cambios a los reglamentos para la ejecución de obras a fin de “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.

En ese sentido, aseguró que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin importar la función o el nivel jerárquico. “La ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”, sostuvo.

En los últimos años, las denuncias por corrupción en la ejecución de obras públicas han aumentado considerablemente.
En los últimos años, las denuncias por corrupción en la ejecución de obras públicas han aumentado considerablemente. | Fuente: Andina

Reactiva Perú

Consultado sobre el programa “Reactiva Perú, que otorga garantías del Estado a créditos bancarios para empresas, indicó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) iniciará un servicio de control a dicha entidad para verificar si ha salvaguardado con velar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios de los préstamos.

“Una de las preocupaciones que ya hemos transmitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una orientación de oficio que se comunicó hace un par de semanas es precisamente saber qué medidas va a aplicar para garantizar el cumplimiento del objetivo del programa, que es promover el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores, asegurando la continuidad de la cadena de pagos en la economía peruana”, comentó.

Asimismo, adelantó que la Contraloría acompañará la ejecución del nuevo programa del Ejecutivo denominado “Arranca Perú”, con el objetivo de propiciar un adecuado uso de los recursos que se destinarán a dicha iniciativa, la cual busca impulsar la inversión pública en los sectores de Transportes, Vivienda, Agricultura y Trabajo.

El contralor general Nelson Shack consideró importante que la segunda etapa de Reactiva Perú focalice más recursos a microempresas y se cumplan obligaciones con trabajadores. "Reactiva Perú debe beneficiar a aquellas empresas que más requieren del apoyo del Estado", señaló.

Servicios de control a reguladores

El titular de la Contraloría reveló que próximamente se estarán acreditando diversas comisiones de auditores para supervisar el nivel de cumplimiento del rol de supervisión que realizan los organismos reguladores sobre el mercado privado.

“Nosotros nos podemos intervenir sobre el sector privado y es que el Sistema Nacional de Control tiene un ámbito exclusivo sobre el sector público. Sin embargo, ello no limita que también supervisemos el trabajo de los reguladores y esa es una nueva estrategia de control, que junto con la del COVID-19, vamos a desarrollar desde julio próximo”, dijo.

En otro momento, se refirió a las denuncias respecto de la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre supuestas autorizaciones ilegales para el funcionamiento de universidades privadas. Al respecto, el contralor general Nelson Shack señaló que también se atenderán intensamente esta y otras situaciones en el marco del control gubernamental.