En entrevista con RPP Noticias, el criminólogo Nicolás Zevallos consideró que la decisión de que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía no tendría un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad, teniendo en cuenta las experiencias en otros países.
El criminólogo Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública consideró que la reciente decisión del Gobierno de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao revela que no se han tomado las políticas necesarias en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
En entrevista con RPP Noticias, el especialista en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales recordó que un reciente informe del INEI demostraba que la victimización en el país no ha variado de manera significativa; no obstante, precisó que resulta evidente un incremento en el "crimen violento" y del crimen organizado.
"Lo que estamos viendo en Lima y Callao es la expansión de bandas criminales, de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, a la extorsión. No hay que separar el asunto económico con el de seguridad porque son los emprendedores los que requieren seguridad, más en este contexto de reactivación económica", indicó.
Para el también director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, la decisión de que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía no tendría un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad, teniendo en cuenta las experiencias en otros países. Pese a esto, recordó iniciativas pasadas en el Perú en el que la Policía tuvo el protagonismo principal.
"En ningún lugar del mundo ha dado resultado, más allá del respeto que les tenemos a las Fuerzas Armadas, ha dado un resultado positivo, sostenible, su presencia en materia de seguridad ciudadana. Hay casos que son críticos: en México su presencia ha generado mucha tensión en torno a la lucha contra el crimen organizado", indicó.
"Tenemos que pensar en políticas a largo plazo. Las Fuerzas Armadas, con el respeto que nos merecen, no están preparadas para esos fines. Tienen una función específica que es meritoria, honorable, pero para eso está la Policía Nacional, que sabe hacerlo cuando se le da la indicaciones y la conducción correcta", agregó.
Garantizan derecho a la libertad y seguridad personales
El Gobierno autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.
La medida responde a una solicitud de la PNP debido al "incremento significativo" en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas. Según el pedido de la Polícia en Lima y Callao, se registra un aumento de las actividades de organizaciones delicitivas "que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos".
El decreto precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas "constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta" y que "el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de
la PNP.
Asimismo, señala que la participación de las FF.AA. "está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población".
"La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", indica la resolución suprema.
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