En espera de decisiones sobre la minería ilegal, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El ingeniero Rómulo Mucho es un profesional con una destacada trayectoria en el sector minero. Le ha tocado asumir el ministerio de Energía y Minas en un momento que puede ser crucial para las inversiones en el sector, pero también para afirmar una política frente a la criminalidad organizada vinculada a la minería ilegal. Nacido en la ciudad de Juli, al borde del lago Titicaca y formado en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y en San Marcos, se desempeñó a principios de siglo como viceministro del sector bajo la presidencia de Alejandro Toledo. Cuando dejó de ser funcionario público se convirtió en el principal promotor de la coordinación entre minería y agricultura, para desmentir un lema desafortunado que atenta contra el desarrollo del país y reniega una tradición que remonta a épocas anteriores al Incanato: “Agricultura sí, minería no”. El ministro Mucho sabe que la prolongación del plazo para formalizar a los mineros informales corre en beneficio de los ilegales. La minería ilegal es hoy la forma de criminalidad que más dinero mueve en nuestro país, superando el monto generado por el narcotráfico. Los intereses de la minería ilegal están en la base de las matanzas del año pasado en Caravelí y más recientemente en Pataz. El Ejecutivo estudia la respuesta que debe aportar a una modificación legislativa que prolonga hasta fin de año el plazo para la formalización, el famoso Reinfo. Es necesario crear un marco normativo claro y realista que favorezca la formalización de los que quieran hacerlo y que al mismo tiempo permita combatir a los que quieren seguir accediendo sin control a explosivos, evadiendo el pago de impuestos e incumpliendo las más elementales exigencias ambientales. El ministro Mucho es el que conoce el sector, pero la minería ilegal es un tema que concierne a toda la acción del Estado y que por eso requiere el liderazgo de la presidenta y del primer ministro.

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