Estado peruano pide perdón a Azul Rojas Marín, mujer trans violada y torturada por policías en el 2008

Por primera vez en la historia, el Estado peruano pide perdón hoy, jueves 3 de noviembre, por vulnerar los derechos humanos de Azul Rojas Marín, una mujer trans, que fue detenida, violada y tortura por la Policía.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y está presente el titular de ese sector, Félix Chero, así como altos funcionarios del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, representantes de embajadas, organismos internacionales y la sociedad civil.

Durante el acto, Azul Rojas Marín encendió una vela junto al retrato de su madre Juana Rosa Tanta Marín, quien falleció de un infarto en el año 2017, sin poder ver justicia para su hija por más de diez años.

Sentencia histórica

El acto se da luego que, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Perú por la detención arbitraria, torturas y violación sexual en 2008 de las que fue víctima Azul Rojas Marín, una mujer transgénero que para esa época era un hombre homosexual.

En la sentencia se da cuenta la culpabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

"El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana Rojas Marín cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada", explicó en ese momento la Corte IDH.

La versión de las autoridades indicaron que Azul Rojas Marín fue detenida para verificar su identidad, pero la sentencia de la CorteIDH califica esa detención como "arbitraria" porque se realizó con motivos "discriminatorios". Además, estableció tras la prueba de exámenes médicos que existió una violación sexual en contra de Rojas que le dejó heridas físicas.

Los jueces también consideraron que "la violación anal y los comentarios relativos a la orientación sexual, evidencian también un fin discriminatorio, por lo que constituyó un acto de violencia por prejuicio" y que los hechos se ajustan a un "delito de odio", pues "es claro que la agresión a la víctima estuvo motivada en su orientación sexual".

La sentencia ordenó así al Estado peruano continuar las investigaciones que sean necesarias para identificar y juzgar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, así como brindar de forma gratuita, inmediata y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico que requiera la víctima.

Asimismo, también deberá adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, y además implementará un plan de capacitación y sensibilización para su personal estatal.

Perú también está en la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima por concepto de daño material e inmaterial.

(Con información de EFE)