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El fiscal, Frank Almanza, informó que el Ministerio Público participará en la sesión de este viernes, luego de que la fiscal de la Nación expresara su preocupación por no haber sido incluida en una reunión anterior.
Frank Almanza, fiscal superior especializado en materia ambiental, anunció que el Ministerio Público participará este viernes en la mesa de trabajo interinstitucional convocada por la presidenta, Dina Boluarte, la cual tiene como objetivo abordar el proceso de la formalización minera, además de elaborar una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal en el país.
En una entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP, el fiscal confirmó que el Ministerio Público asistirá a la reunión con las máximas autoridades de los poderes del Estado y representantes de los gremios mineros, tras haber sido formalmente invitado a dicha sesión.
“En horas de la tarde se nos ha cursado una comunicación para participa en la reunión del vienes y hemos decidido participar. El viernes estaremos en la mesa”, aseguró.
Como se sabe, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a través de un oficio remitido a la jefa de Estado, expresó su “extrañeza y preocupación” por no haber sido incluida en la mesa de trabajo instalada el último lunes, al indicar que esta decisión “representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular".
Dificultades y obstáculos
Por otro lado, Frank Almanza afirmó que el Congreso de la República, mediante una serie de modificaciones legislativas, han debilitado la capacidad del Ministerio Público para enfrentar a las redes criminales que operan detrás de la minería ilegal.
“Necesitamos herramientas legales que hemos perdido”, advirtió el fiscal al referirse a la modificación de la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077), la cual elevó el requisito de pena mínima a más de cinco años para que un delito pueda ser investigado bajo esta norma, excluyendo de esta manera a los delitos ambientales, cuyas penas suelen ser menores, limitando así su capacidad de persecución penal.
"Nosotros ya no podemos hacer intercepciones telefónicas ni técnicas especiales de investigación para establecer quién está detrás de una organización criminal porque no podemos investigarlas con las normas que la facultan como crimen organizado”, mencionó.
A ello, añadió que, actualmente, tampoco pueden recurrir a la Corte Penal Nacional, especializada en casos de crimen organizado, debido a que las penas por minería ilegal no superan los cinco años de prisión.
“Entonces, tenemos que ir a los juzgados de cada departamento con lo cual tenemos criterios dispares. Si estos casos fueran revisados por los magistrados de la Corte Penal Nacional tendríamos criterios uniformes y tendríamos magistrados especializados en combatir crimen organizado y ya no lo podemos hacer. Es una limitante importante no tener esta norma para aplicarse a estas investigaciones”, apuntó.
Por último, el fiscal superior manifestó que espera que el Congreso se rectifique sobre esta modificación de ley tal como lo hicieron “con la de detención preliminar”.
"Necesitamos herramientas para investigar y no limitarnos solo a interdicciones. Todas las Fiscalías Ambientales, a nivel nacional, vienen trabajando en operaciones de interdicción en los lugares donde hay minería ilegal, pero eso no es suficiente. Interdictar motores, dragas, maquinaria pesada, es importante, pero no alcanza para combatir adecuadamente la minería ilegal”, concluyó.
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