Consejeros solicitarán al pleno regional investigar relación del presidente regional en licencia Vladimir Cerrón con el prófugo Martín Belaunde.
Tras la emisión de una denuncia periodística en el programa Cuarto Poder donde la empresa Antalsis, vinculada al prófugo Martín Belaunde Lossio, consiguió dos contratos sin concurso público para obras complementarias del Puente Comuneros y la construcción del Puente La Eternidad, durante la gestión del presidente regional Vladimir Cerrón; la consejera Janet Huari denunció que el convenio suscrito con la empresa Sima, encargada de ejecutar la construcción del puente Comuneros, nunca fue visto ni aprobado en el consejo regional.
Sin embargo, aunque la subcontratación la hizo Sima, el gobierno regional sí tiene responsabilidad sobre el hecho, ya que dentro de las bases del convenio está prohibida la tercerización del contrato, lo que es causal para rescindirlo, según dijo.
Además no descartó que los otros tres puentes adjudicados a Sima (La Eternidad, Ubiriki y Pangá) también estuvieran involucrados en la tercerización.
Por otro lado, Janet Huari manifestó que al aprobarse el proyecto del puente Comuneros, la inversión inicial era de 30 millones de soles pero luego se incrementó a 50 millones y ahora bordea los 89 millones de soles debido a las obras complementarias que se realizan, según confirmó Américo Mercado, actual presidente regional.
Por su parte, el consejero Gines Barrios señaló que las licitaciones para el nuevo hospital Daniel Alcides Carrión y la carretera Condorin - San Pedro de Cajas deberían ser investigadas porque fueron adjudicadas de forma amañada.
Además aseguró que cuando se criticó la contratación de la empresa Sima, el presidente Vladimir Cerrón aseguró que esta era la única empresa del Perú especialista en la ejecución de puentes.
Finalmente, la consejera Janet Huari, se reafirmó al denunciar la instalación de una Centralita en la Dirección Regional de Salud con el aumento de seudoperiodistas y redes de comunicación, quienes atacan a los opositores y a los que realizan las labores de fiscalización y denuncian la falta de transparencia en la gestión.
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