Manifestantes aseguran que ´infiltrados´ causaron los desmanes en Puno

El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región sur de Puno, Walter Aduviri, denunció hoy que grupos de "infiltrados" han causado los desmanes y ataques contra la propiedad pública y privada en esa ciudad, en huelga contra las concesiones mineras desde hace 18 días.

"Hay que condenar cualquier tipo de violencia, creo que hemos tenido una posición firme, sin ningún tipo de violencia, hasta el día de hoy, hemos denunciado públicamente a los infiltrados; llamo a la Policía Nacional a que cumpla su función, hemos denunciado varios lugares en donde ha sucedido esto", remarcó.

Aduviri declaró a un medio local que durante los desmanes los tenientes de gobernador "han capturado a los delincuentes y van a entregarlos a la Policía Nacional".

Según el canal de televisión, el local de Aduanas de Puno también fue atacado por las turbas que colocaron balones de gas y los hicieron explotar, y trataron de saquear los depósitos.

Se añadió que atacaron la sede de la gobernación, donde incendiaron una patrulla y un automóvil particular, pero fueron repelidos por la Policía con gases lacrimógenos.

La Policía confirmó a Efe que "piquetes" de los 7.000 manifestantes concentrados en Puno realizan desmanes y ataques contra los locales de la Contraloría de la República, la sede del ente recaudador de impuestos (Sunat) y los principales bancos.

La fuentes dijo, sin embargo, que aún no se puede confirmar si hay 14 rehenes en la sede de la Contraloría, tal como denunció hoy el contralor de la República, Fuad Khoury.

Al respecto, el ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, declaró luego que los dirigentes de Puno hacen "un pedido imposible" porque cancelar las concesiones mineras por un decreto es inconstitucional.

"El pedido es maximalista y no se puede cumplir", remarcó para luego asegurar que los dirigentes no tienen "ninguna voluntad de aproximar y buscar alternativas".

Aseguró que las autoridades gubernamentales siguen "abiertas al diálogo, para llegar a una solución legal, que no sea inconstitucional" y recordó que la ciudad de Puno tiene 200.000 habitantes que están "atrapados" por la huelga, por lo que invocó a los manifestantes a deponer su medida de fuerza.

La Comisión de alto nivel que fue enviada por el Gobierno para intentar solucionar el conflicto señaló hoy, en un comunicado, que el Poder Ejecutivo "atendió oportunamente... los pedidos de dicha población con tres propuestas que dan solución a sus demandas, cuya ejecución depende de las autoridades y dirigentes de esa región".

El Gobierno ha recordado que el fin del paro "permitirá también que el acto electoral del próximo 5 de junio se lleve a cabo dentro del marco constitucional", en referencia a la segunda vuelta presidencial que disputarán el nacionalista Ollanta Humala y la congresista Keiko Fujimori.

Con la suspensión del diálogo, los huelguistas regresaron hoy a las protestas y bloqueos de carreteras, incluido el puesto de Desaguadero, principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia.

Aunque en algunos puntos sí se llegó a un acuerdo entre las partes, la exigencia de una norma que cancele las concesiones mineras en el sur de Puno provocó la ruptura de las negociaciones y la decisión de los huelguistas de continuar con las protestas.

Por su parte, los representantes aimaras (etnia predominante en esa región del país) que formaron parte de las negociaciones consideraron que la comisión enviada para entablar el diálogo carece de capacidad resolutiva.

Según la Cámara de Comercio de Puno, las protestas dejan hasta el momento pérdidas por 36 millones de dólares, sobre todo en los sectores de comercio y de turismo.

EFE