Familiares de víctimas en protestas exigen que se investigue y sancione denuncias de abuso policial

Los familiares de las víctimas de la violencia ocurridas durante la protesta nacional contra el Congreso exigieron justicia y que sancione la represión policial. Además de la familia y los abogados de Inti Sotelo y Brian Pintado, los dos jóvenes que fallecieron en estas jornadas, estuvo presente el abogado del joven que estuvo desparecido varios días tras la marcha.

Durante la conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el abogado de la familia de Brian Pintado, una de las víctimas morales de la protesta, denunció actos de provocación de parte de la Policía durante el velorio del joven estudiante. Según comentó, ese día hasta 12 agentes se acercaron a la vivienda.

Asimismo, dio cuenta del hallazgo de perdigones en el cráneo y en el tórax de Brian Pintado, uno de los dos jóvenes que falleció en las protestas ciudadanas, pese a que la Policía insiste en que durante las marchas solo se utilizó proyectiles de goma. En ese sentido, señaló que presentará las pruebas a la Fiscalía para que ayuden en la investigación.

"Lastimosamente ha sido asesinado con 10 perdigones de plomo, así que nosotros, como defensa técnica, vamos a mostrarnos en contra de lo que ha dicho la Policía de que solo usan de goma. ¿Qué están dando a entender, que propios manifestantes tenían perdigones de plomo?", señaló Jimmy Sotomayor, abogado de la familia de Jack Brian Pintado.

También estuvo presente la abogada de Luis Fernando Araujo, el ciudadano que estuvo desaparecido varios días y que apareció en los exteriores del hospital 2 de Mayo con signos de deshidratación. Según su abogada, el joven ha relatado que cuatro personas, quienes se identificaron como policías del Grupo Terna, lo encañonaron y lo subieron a un vehículo.

Los participantes presentaron cuatro demandas a las autoridades, entre las que se encuentran, además de una reparación civil, las garantías para que no se repitan estas situaciones, la desactivación del Grupo Terna, la derogatoria de la ley 31012 y la conformación de una comisión que proponga reformas para garantizar la gestión adecuada de manifestaciones.

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