Norma aprobada por el Congreso viola los derechos de los pueblos, señalan organizaciones campesinas e indígenas.
Norma aprobada por el Congreso viola los derechos de los pueblos, señalan organizaciones campesinas e indígenas. | Fuente: Difundida por CPAAAAE

Diversas organizaciones campesinas e indígenas del Perú rechazaron la Ley aprobada en abril en el Pleno del Congreso, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana, al considerar que representan una amenaza a la paz social, promoviendo la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas.

La ley, al reconocer a los CAD como organizaciones  de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país, las incorpora a su estructura orgánica, pasando por encima de su autonomía y sin que se haya realizado un proceso de consulta previa.

Asimismo, los autoriza a adquirir armas de uso civil por compra o donación por parte del Estado o particulares, promoviendo la presencia de grupos armados en territorios indígenas y campesinos, así como posibles mercados ilícitos de armas que generarán violencia.

Santos Saavedra Vásquez, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), advirtió que esta ley pretende debilitar y subordinar a las rondas campesinas, que cumplen un rol importante al brindar seguridad y justicia en diversas zonas del país.

“Las rondas campesinas fueron creadas por los propios pueblos para su autoprotección y siguen trabajando intensamente en muchas regiones. En contraste, el accionar de los Comités de Autodefensa es dependiente de los militares y prácticamente se ha reducido a la zona del VRAEM. Entregarles armas a quienes integran estos comités es lesivo y riesgoso", dijo.

"¿Acaso se pretende crear grupos paramilitares armados para que se enfrenten entre pueblos creando divisiones y violencia en las comunidades campesinas y nativas?”, añadió Saavedra, tras afirmar que los CAD podrían ser usados políticamente para eliminar a las organizaciones que se oponen a megaproyectos, tildándolas, por ejemplo, de terroristas.

“Esta ley puede traer nuevamente violencia interna, por eso exigimos que el presidente Sagasti la observe y no la promulgue”, precisó.

También señaló que se debería facilitar el registro de la personalidad jurídica de las rondas campesinas de nivel supracomunal (como el nivel distrital, provincial, regional y nacional), pues las rondas campesinas garantizan la seguridad y el respeto de los derechos de las personas.

En la misma línea, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), manifestó que el proyecto, que no fue sometido a la consulta previa, es un desaire para el rol que cumplen los pueblos indígenas y originarios organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas.

“Según la Constitución, las rondas campesinas, que son democráticas y pacíficas, tienen la prerrogativa de velar por la seguridad, justicia y paz social en las comunidades. Pedimos que el Ejecutivo observe este proyecto, que hace competir a los CAD con las rondas campesinas, y abre paso a la violencia”, manifestó.

Para las organizaciones, esta ley constituye una violación a los derechos de sus pueblos, afectando sus procesos de autonomía y autogobierno, por lo que exigen al Ejecutivo que no sea promulgada.

“Debemos apostar por fortalecer el marco normativo de la Ley de Rondas Campesinas, así como los derechos a la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades, y lograr un marco jurídico que trate como iguales a nuestros hermanos y hermanas indígenas y no subordinarlos a las fuerzas del orden”, recalcó Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Cabe recordar que, con 92 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó esta Ley que articula los P.L. 5424 y 5679, los mismos que fueron presentados por los congresistas Percy Rivas Ocejo de Alianza para el Progreso y Valeria Valer Collado de Fuerza Popular.

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